El gobierno de Estados Unidos negó haber ofrecido a México un alivio arancelario a cambio de investigar o procesar a políticos de alto nivel con presuntos vínculos con el crimen organizado, como sugirió un reporte reciente de la agencia Reuters. La información fue desmentida por el Departamento de Estado y respaldada por la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) de México.
“Estados Unidos y México continúan trabajando juntos para combatir a los cárteles y a los actores corruptos que se relacionan con ellos”, publicó en la red social X la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado. El embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reiteró que el único acuerdo vigente es el compromiso bilateral para enfrentar el tráfico de fentanilo y el crimen organizado.
La respuesta oficial se da luego de que Reuters informara que funcionarios del gobierno de Donald Trump supuestamente presionaron al gobierno de Claudia Sheinbaum para que investigara a políticos, incluyendo a integrantes del partido Morena, y los extraditara en caso de existir cargos en Estados Unidos. El medio aseguró que hubo amenazas de imponer nuevos aranceles si no se actuaba en consecuencia, citando a cuatro fuentes no identificadas.
La agencia también señaló que no pudo confirmar si el gobierno estadounidense entregó a México una lista específica de políticos presuntamente implicados ni si presentó pruebas concretas en su contra. Las fuentes citadas indicaron que Washington habría buscado una ofensiva sin precedentes contra la llamada “narcocorrupción”.
Ante estas afirmaciones, la Secretaría de Relaciones Exteriores negó haber recibido tales solicitudes. “Es absolutamente falso que en las reuniones sostenidas con el secretario Rubio o con su equipo del Departamento de Estado se hayan transmitido solicitudes de investigar, perseguir o extraditar a algún funcionario o funcionaria de México”, indicó la dependencia en un comunicado.
La cancillería mexicana añadió que las conversaciones entre ambos gobiernos han estado centradas en temas de cooperación bilateral, con base en los principios de soberanía, coordinación sin subordinación y respeto a los derechos humanos. También aclaró que cualquier colaboración se lleva a cabo mediante mecanismos establecidos y con apego a la legislación de ambos países.
Ambas administraciones han reiterado su intención de mantener el diálogo abierto y continuar los esfuerzos conjuntos para enfrentar las amenazas compartidas, entre ellas el tráfico de drogas sintéticas y la operación de organizaciones criminales transnacionales.
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