El Instituto Nacional Electoral (INE) recibió 27 denuncias contra candidatos de la elección judicial relacionadas con presuntos antecedentes de violencia, sin que en ninguno de los casos se encontraran elementos suficientes para cancelar candidaturas o anular triunfos, según un anteproyecto que será presentado por la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación.
La revisión se realizó bajo el mecanismo conocido como “8 de 8”, que evalúa la elegibilidad de los aspirantes a cargos judiciales con base en su historial de conducta, incluyendo violencia familiar, violencia política de género y deudas alimentarias. Para este proceso, el INE agregó además dos criterios: que el aspirante sea moroso en el pago de pensión alimentaria y/o que sea prófugo de la justicia.
De acuerdo con el documento, las denuncias incluyeron siete casos por violencia familiar o equiparada (cinco hombres y dos mujeres), seis por violencia política contra mujeres (todos hombres), y ocho por deudas alimentarias, también exclusivamente hombres. Además, se reportaron cuatro denuncias por delitos sexuales o contra la intimidad corporal, igualmente dirigidas a hombres.
La mayoría de los señalamientos fueron contra aspirantes a magistraturas de circuito, magistrados de sala regional y jueces de distrito. En uno de los casos de violencia política, el candidato contaba con una sentencia firme, aunque no se especificó su identidad.
Del total de personas denunciadas, 24 son hombres, lo que el INE señaló como un reflejo de patrones estructurales de desigualdad de género en el acceso y ejercicio del poder político. Dos denuncias se dirigieron contra mujeres; en una de ellas, el INE condenó el uso del término “esquizofrénica” en el formulario de denuncia, al considerar que reproduce estereotipos de género sobre la incapacidad mental de las mujeres para ejercer cargos públicos.
El Instituto elaboró 19 dictámenes a través de la Dirección Ejecutiva de Asuntos Jurídicos, concluyendo que las personas señaladas no se encuentran en los supuestos de inelegibilidad contemplados por la Constitución o por la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales.
Finalmente, el INE aclaró que si después de aprobada la resolución se presentan nuevas denuncias, estas serán turnadas al Tribunal de Disciplina Judicial o a la instancia competente para su análisis.
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