Sin una justicia independiente, el derecho a la salud corre el riesgo de retroceder, advierte el diputado federal Éctor Jaime Ramírez Barba, quien ha sido legislador en cinco ocasiones y médico desde 1978. El legislador alertó que la reciente reforma para elegir ministros y jueces mediante voto popular podría comprometer la autonomía judicial, lo que afectaría directamente la defensa de los derechos sociales.
El derecho a la salud fue incluido en la Constitución mexicana en 1983, pero su redacción carecía de especificidad sobre obligaciones del Estado y mecanismos de exigibilidad. Durante décadas, su implementación estuvo sujeta a la voluntad política y a interpretaciones administrativas. La Ley General de Salud de 1984, con más de 130 reformas, no ha logrado resolver deficiencias estructurales como la falta de cobertura, insumos, personal médico y servicios de calidad.
Un punto de inflexión ocurrió en 2011 con la reforma constitucional en materia de derechos humanos, que incorporó el principio pro persona y amplió las facultades interpretativas del Poder Judicial. Desde entonces, jueces y ministros han definido componentes esenciales del derecho a la salud, como el acceso a medicamentos, el consentimiento informado, la atención a grupos vulnerables y la responsabilidad médica.
Casos emblemáticos como el de la comunidad de Mini Numa —donde se ordenó construir un centro de salud— o el de Pabellón 13 —que garantizó atención especializada a personas con VIH/SIDA— ilustran cómo el Poder Judicial ha intervenido ante omisiones del Ejecutivo. Durante la pandemia por COVID-19, sentencias judiciales obligaron al gobierno a vacunar a niñas y niños, así como a personal médico del sector privado.
“El precedente judicial se ha convertido en un instrumento clave para convertir derechos constitucionales en exigibles, aun en un sistema legal como el mexicano”, afirmó Ramírez Barba. Advirtió que si se pierde la independencia judicial, estos avances pueden revertirse, especialmente en áreas donde las decisiones afectan intereses políticos o económicos.
El diputado del PAN sostuvo que el modelo de elección judicial aprobado recientemente, con una participación menor al 10 % y candidaturas controladas por una sola fuerza política, podría derivar en un Poder Judicial subordinado al Ejecutivo. En ese escenario, decisiones que han protegido el derecho a la salud podrían quedar sin efecto o dejar de emitirse.
Para Ramírez Barba, la historia reciente del derecho a la salud en México es también la historia de una judicatura capaz de transformar los derechos sociales en garantías reales. Ante los nuevos riesgos institucionales, concluye que se debe asegurar que quienes lleguen al Poder Judicial lo hagan con independencia y compromiso con los derechos humanos, no por alineamientos políticos.
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