La Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed) anunció que presentará ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) un expediente con presuntas irregularidades registradas en el proceso de elección judicial que se celebrará el próximo domingo.
Según un comunicado de la Jufed, el expediente incluirá evidencias relacionadas con el uso de “acordeones” —papeletas prellenadas—, acarreo de votantes y compra de votos. Estas acciones, afirma la organización, forman parte de “una estrategia sistemáticamente maquinada” con la participación de autoridades federales y estatales para controlar al Poder Judicial mediante la designación de jueces afines.
Juana Fuentes Velázquez, directora nacional de la Jufed, sostuvo un encuentro con integrantes de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA), donde expuso estas denuncias. Durante la reunión, la magistrada señaló que la elección ha sido “denunciada internacionalmente por ser ilegítima e inconvencional”.
La organización argumenta que el proceso electoral busca “cooptar al Poder Judicial” bajo el argumento de una democratización del sistema judicial, cuando en realidad —según afirmó Fuentes Velázquez— se pretende eliminar su independencia como contrapeso del Ejecutivo. “Esta situación pone en grave riesgo los derechos humanos de los mexicanos”, expresó.
El comunicado también advierte que la manipulación del proceso electoral judicial “elimina la certidumbre jurídica” y podría causar un “daño irreversible a la democracia del país”. Como parte de su estrategia de defensa internacional, la Jufed optó por acudir ante la CIDH para denunciar lo que considera una vulneración de derechos fundamentales.
Durante la reunión con la OEA, los observadores mostraron interés particular en algunos casos documentados y en patrones de conducta identificados por la Jufed, aunque estos no fueron revelados públicamente por motivos de seguridad de la misión.
La elección del próximo 1 de junio, en la que se votará por la renovación del Poder Judicial, ha generado controversia nacional e internacional. La Misión de Observación Electoral de la OEA ha confirmado su presencia para observar el desarrollo del proceso, comprometiéndose a emitir un informe preliminar y uno final ante el Consejo Permanente del organismo.
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