La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público informó que retirará de forma voluntaria la demanda presentada ante una corte de Miami-Dade, Florida, en el proceso legal que involucra a Genaro García Luna, su esposa y diversas empresas. La acción no afectará la posibilidad de dictar una sentencia en su contra, aclaró la dependencia.
En un comunicado, la UIF explicó que solicitó a la jueza Lisa Walsh el retiro voluntario de la acción legal bajo la figura de “voluntary dismissal without prejudice”. Este procedimiento permite que, en caso de no concretarse un acuerdo entre las partes en los próximos 30 días, la demanda pueda ser presentada de nuevo ante el mismo tribunal.
“Cabe señalar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”, detalló la UIF. De acuerdo con la dependencia, la jueza mantendrá jurisdicción sobre el caso para dictar sentencia si se formaliza un acuerdo entre las partes.
La UIF indicó que esta medida procesal no implica la conclusión del litigio, sino que busca facilitar la resolución de un posible acuerdo con los demandados. En caso contrario, el procedimiento continuará su curso normal hasta llegar a una resolución judicial.
El retiro temporal de la demanda tampoco impide al Estado mexicano continuar con otras acciones legales relacionadas. “De no perfeccionarse el acuerdo, se mantiene abierta la posibilidad de volver a presentar la demanda, ya que no se habrá resuelto el fondo del actual procedimiento”, agregó la UIF.
Genaro García Luna, exsecretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón, enfrenta cargos por conspiración para el tráfico de drogas en Estados Unidos, así como procesos civiles relacionados con presuntos actos de corrupción y enriquecimiento ilícito.
El caso civil en Miami forma parte de los esfuerzos del gobierno mexicano para recuperar activos presuntamente adquiridos con recursos de procedencia ilícita. La decisión de la UIF busca mantener abierta la vía judicial mientras se evalúa la posibilidad de llegar a una resolución acordada.
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