El Senado de Estados Unidos debatirá esta semana una propuesta para revocar el plan de California que busca prohibir la venta de vehículos de gasolina a partir de 2035, informó el líder de la mayoría, John Thune. La medida, respaldada por fabricantes automotrices y aprobada previamente por la Cámara de Representantes el 1 de mayo, busca eliminar una exención otorgada por la Agencia de Protección Ambiental (EPA) durante la administración de Joe Biden.
El plan de California obliga a que al menos 80% de los vehículos nuevos vendidos en el estado sean eléctricos para 2035. Esta política ha sido replicada por otros 11 estados, incluidos Nueva York, Massachusetts y Oregón, lo que representa casi el 40% del mercado automotriz de Estados Unidos. Sin embargo, estados como Vermont y Maryland han postergado su implementación.
Thune argumentó que, debido al peso del mercado californiano y la adhesión de otros estados, el plan equivale a un mandato nacional de vehículos eléctricos. “Los fabricantes de automóviles de todo el país se verían obligados a cerrar una parte significativa de su producción tradicional de vehículos, con graves consecuencias”, declaró el senador republicano.
La Alianza para la Innovación Automotriz —que representa a General Motors, Toyota, Volkswagen y Hyundai, entre otras compañías— advirtió que las reglas podrían obligar a las empresas a reducir el volumen total de unidades disponibles para aumentar la proporción de ventas de vehículos eléctricos. Actualmente, la cuota de mercado de estos vehículos no supera el 10% en algunos de los estados que han adoptado la normativa.
Las normas de la Junta de Recursos del Aire de California también estipulan que para el año modelo 2026, al menos 35% de los vehículos ligeros deberán ser de cero emisiones. Para 2030, el objetivo es alcanzar el 68% de las ventas totales. California sostiene que estas metas son fundamentales para reducir la contaminación ambiental y mejorar la salud pública.
Por su parte, algunos demócratas consideran que la votación en el Senado viola los procedimientos legislativos. En marzo pasado, la Oficina de Responsabilidad Gubernamental (GAO) determinó que las exenciones otorgadas por la EPA no pueden ser revocadas mediante la Ley de Revisión del Congreso, la cual sólo requiere mayoría simple en la cámara alta.
El Departamento de Transporte de Estados Unidos también ha comenzado a revisar las normas federales de eficiencia de combustible. Según reportes, la dependencia planea declarar que la administración Biden sobrepasó su autoridad al incorporar los vehículos eléctricos en la elaboración de sus reglas de ahorro energético.
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