El Grupo Parlamentario del PAN denunció este lunes un nuevo retraso en las subastas de emergencia organizadas por BIRMEX para atender el abasto de medicamentos, tras la cancelación de la compra consolidada para los ejercicios fiscales 2025-2026. Según el diputado Éctor Jaime Ramírez Barba, secretario de la Comisión de Salud, el fallo de las subastas fue pospuesto hasta el 30 de mayo, y aún después se deberán formalizar contratos y condiciones de entrega, lo que podría prolongar el desabasto por varios meses.
El retraso ocurre luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno declarara la nulidad total de la licitación consolidada el pasado 8 de abril, debido a indicios de corrupción. Desde entonces, la Unidad de Contrataciones Públicas ha identificado adjudicaciones de apenas el 6% del total de medicamentos requeridos, además de sobreprecios por aproximadamente 15 mil millones de pesos, actualmente bajo investigación.
Empresas participantes han reportado múltiples irregularidades en el proceso, como la ausencia de investigación de mercado para diseñar la convocatoria, falta de claridad en los volúmenes requeridos y en los precios mínimos y máximos de cada producto, así como condiciones inadecuadas para formular propuestas responsables. También denunciaron que durante las sesiones se intercambian “papelitos con precios” y se asignan contratos a empresas sin experiencia, algunas con domicilios irregulares.
A pesar de la reciente destitución de Iván de Jesús Olmos y la designación de Carlos Ulloa como nuevo director de BIRMEX, la situación no ha mejorado. Ulloa no cuenta con formación médica ni experiencia en el sector salud, y la presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que al menos seis funcionarios de la institución fueron removidos por colusión con empresas farmacéuticas, generando un daño patrimonial estimado en más de 13 mil millones de pesos.
El PAN anunció que presentará una iniciativa para que la nueva Ley de Adquisiciones incluya un capítulo específico sobre contrataciones en el sector salud. La propuesta contempla que los medicamentos cuenten con registro sanitario, etiquetado en español, y cumplan con normas de calidad y caducidad. También busca establecer un sistema de trazabilidad y farmacovigilancia, así como sanciones para proveedores que incumplan plazos de entrega o condiciones contractuales.
Asimismo, la propuesta incluye la integración de un Comité de Testigos Sociales en todos los procesos de contratación de medicamentos, conformado por representantes de organizaciones civiles de pacientes. Este comité tendría acceso a los contratos y facultades para iniciar investigaciones ante la Auditoría Superior de la Federación o el Órgano Interno de Control.
De acuerdo con los legisladores panistas, el proceso actual no garantiza el abasto de cerca de 5 mil millones de piezas de medicamentos, afectando de manera directa a pacientes con enfermedades graves y de alto costo. Han solicitado la comparecencia de los titulares de BIRMEX, la Secretaría de Salud, el IMSS y la Secretaría Anticorrupción, sin que hasta el momento se haya concretado.
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