La senadora Paloma Sánchez Ramos, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), presentó una iniciativa de reforma legal que obligaría al gobierno federal a emitir informes mensuales sobre la búsqueda de personas desaparecidas en el país. La propuesta establece que las autoridades deberán informar cuántas personas están siendo buscadas y cuántas han sido localizadas.
Durante la presentación, la legisladora señaló que en México desaparece una persona cada 40 minutos, lo que calificó como una crisis humanitaria. “Estamos frente a una verdadera crisis humanitaria y un gobierno que se niega a rendir cuentas”, declaró. Añadió que actualmente no existe una disposición legal que obligue a las autoridades a transparentar sus acciones en esta materia.
Sánchez Ramos destacó la labor de las madres buscadoras, quienes, dijo, han localizado más de 5 mil 600 fosas clandestinas en todo el país, la mitad de ellas durante el sexenio anterior. “Las madres buscadoras trabajan solas mientras el gobierno guarda silencio sobre cómo busca, a quién busca y a quién encuentra”, expresó.
La senadora explicó que la iniciativa busca poner fin a la opacidad institucional y garantizar el derecho a la verdad. “Las autoridades deben informar mensualmente cuántas búsquedas realizan, si son individuales o colectivas, y con qué resultados”, detalló.
La reforma también busca que estos informes incluyan el número de personas localizadas, tanto con vida como sin ella, y que se especifique el tipo de búsqueda, así como las entidades responsables de llevarlas a cabo. Esta información permitiría evaluar el desempeño de las instituciones y su compromiso con la localización de personas desaparecidas.
Sánchez Ramos enfatizó que la propuesta responde a la demanda social de mayor claridad y responsabilidad por parte del Estado. “No podemos aceptar un gobierno que ignora a sus desaparecidos. Es momento de garantizar el acceso a la verdad”, concluyó.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual discusión en el Pleno del Senado. Se espera que organizaciones de derechos humanos y colectivos de búsqueda participen en el proceso legislativo.
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