Los presidentes del Senado, Gerardo Fernández Noroña, y de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, solicitaron este domingo al Instituto Nacional Electoral (INE) cancelar el registro de 26 candidaturas a cargos judiciales, al considerar que no cumplen con los requisitos constitucionales y éticos para participar en la elección del próximo 1 de junio.
De acuerdo con ambos legisladores, 18 de los aspirantes están presuntamente vinculados a investigaciones penales federales en curso, que incluyen delitos graves como abuso sexual, peculado, amenazas, lesiones y delincuencia organizada. “La elección por voto popular no exime del cumplimiento de los requisitos éticos y constitucionales para acceder a la función judicial”, señaló Gutiérrez Luna en el comunicado difundido.
Además, se impugnaron otras ocho candidaturas por no cumplir con el requisito académico mínimo exigido, consistente en haber obtenido un promedio general de al menos 8.0 en la licenciatura en Derecho. Los promedios observados en estos casos van de 7.0 a 7.93, lo que, según los legisladores, representa un incumplimiento de las bases legales del proceso.
El informe entregado al INE incluye documentación sobre carpetas de investigación y órdenes de aprehensión en contra de algunos de los aspirantes, así como evidencias de que varios de ellos han actuado como defensores legales de personas presuntamente relacionadas con el crimen organizado, lo que podría comprometer su imparcialidad.
“El requisito de buena reputación no se limita a la ausencia de condenas, sino que implica no estar vinculado con conductas que generen desconfianza en el ejercicio de la función judicial”, afirmó Gutiérrez Luna. En este contexto, Fernández Noroña advirtió previamente que impugnarían candidaturas “presuntamente ligadas al narcotráfico”.
Los cargos en disputa forman parte de los 881 puestos que se elegirán por primera vez por voto popular para integrar la Suprema Corte, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Tribunal Electoral, en unos comicios inéditos en México. Las campañas iniciaron el 30 de marzo y concluirán el 28 de mayo.
La elección judicial ha generado preocupación entre sectores de oposición, asociaciones civiles, jueces en funciones y organismos internacionales, como la ONU, que han advertido sobre una posible intervención del Poder Ejecutivo y del crimen organizado en el proceso. Se espera que 99.7 millones de votantes acudan a las urnas el 1 de junio para participar en este ejercicio.
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