El proyecto de Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión presentado por la Presidencia de la República al Congreso de la Unión contempla disposiciones que oficializan la preferencia del gobierno federal por la empresa público-privada Altán Redes. La iniciativa establece que el Poder Ejecutivo podrá proveer servicios de internet directamente o mediante asociaciones público-privadas, siempre que mantenga el control y la dirección del proyecto.
El documento también abre la posibilidad de que el gobierno solicite espectro radioeléctrico sin costo económico, apto para servicios 4G y 5G, para posteriormente canalizarlo a empresas como Altán Redes, actualmente bajo control del Estado a través de la banca de desarrollo y la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Esta medida ha generado preocupación entre actores del sector privado sobre su impacto en la competencia.
“El Poder Ejecutivo federal podrá proveer el servicio de Internet a usuarios finales por sí o mediante asociación público-privada. Y en este último caso, siempre que el Estado mantenga en todo momento la dirección y el control del proyecto”, indica el texto del proyecto de ley.
Altán Redes fue rescatada financieramente por el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, con una inyección estimada de 490 millones de dólares. Posteriormente, la CFE adquirió su deuda a una fracción de su valor original. Aunque el proyecto de Altán fue concebido para ampliar la cobertura en zonas rurales, en los últimos años ha concentrado su crecimiento en áreas urbanas y ha solicitado acceso al mercado minorista, aún restringido por ley.
El proyecto también contempla la posibilidad de que Altán acceda a bandas radioeléctricas estratégicas, como las de 600 MHz, 1.5 GHz, 2.5 GHz y 3.5 GHz, lo que fortalecería sus capacidades en servicios de quinta generación (5G). Esta eventualidad beneficiaría indirectamente a operadores móviles virtuales como BAIT de Walmart, principal cliente de Altán.
Expertos del sector, como José Felipe Otero y Jorge Fernando Negrete, han advertido que la ley podría distorsionar el mercado si se otorgan asignaciones directas y condiciones preferenciales a operadores estatales. “Existe el peligro de que se dé un trato preferencial hacia un operador estatal, lo que impactaría negativamente al mercado”, señaló Otero. Por su parte, Negrete indicó que “esta nueva ley va a lastimar la inversión y es más bien una invitación para que los operadores mejor se vuelvan virtuales”.
El proyecto ha generado inquietud entre los competidores de Altán, ante la posibilidad de que se eliminen subastas públicas y se obligue a dependencias federales a contratar exclusivamente con operadores estatales. La iniciativa se encuentra en revisión en el Congreso, donde aún no ha sido calendarizada para votación.
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