Senadores del Partido Revolucionario Institucional (PRI) manifestaron su rechazo a la iniciativa de ley de telecomunicaciones y radiodifusión aprobada en comisiones del Senado, al considerar que representa “el mayor retroceso en libertades digitales en décadas”, además de vulnerar principios constitucionales y tratados internacionales.
Durante el debate en las comisiones unidas de Radio y Televisión, Comunicaciones y Transportes, y Estudios Legislativos, el coordinador del Grupo Parlamentario del PRI, Manuel Añorve Baños, criticó la premura con la que se discutió el dictamen. “Pretenden aprobarla al vapor, fast track y sin participación de la sociedad”, dijo. Añorve alertó que el artículo 109 permitiría al gobierno federal bloquear plataformas digitales sin orden judicial ni procedimientos establecidos.
El senador Néstor Camarillo Medina denunció que esta reforma representa “la nueva censura del bienestar” y advirtió que el Ejecutivo busca controlar el contenido digital accesible para la ciudadanía. Camarillo también se pronunció en contra de un spot oficial que motivó la propuesta legislativa, señalando que tenía un enfoque discriminatorio hacia personas migrantes mexicanas.
Claudia Anaya Mota, también senadora del PRI, advirtió que la nueva ley contraviene los artículos 6º, 7º y 28 de la Constitución mexicana, además de comprometer más de 30 tratados internacionales como el T-MEC. La legisladora cuestionó la entrega de facultades legislativas a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, la cual, afirmó, carece de contrapesos efectivos.
Anaya destacó que permitir al Estado actuar como proveedor de servicios de internet sin reglas de libre competencia podría distorsionar el mercado. “El artículo 6º constitucional establece que estos servicios deben prestarse en condiciones de competencia”, recordó, al tiempo que criticó la falta de un proceso de Parlamento Abierto para debatir la reforma.
Por su parte, Carolina Viggiano Austria señaló que la legislación centraliza el poder en el Ejecutivo y elimina mecanismos de defensa jurídica para la ciudadanía. En particular, advirtió que el artículo 280 impide la suspensión de actos de la agencia mediante juicios de amparo, lo que calificó como una “trampa jurídica” que vulnera el derecho al debido proceso.
Viggiano también alertó que la norma podría permitir la asignación discrecional del espectro radioeléctrico sin licitación ni pago de contraprestaciones, lo que, dijo, abriría la posibilidad de beneficiar a medios afines al gobierno y excluir a voces críticas. “El Ejecutivo podrá asignar espectro sin licitación, sin contraprestación”, expresó.
Finalmente, los senadores priistas reiteraron su voto en contra del dictamen y afirmaron que, aunque la mayoría oficialista logre su aprobación legislativa, “el debate de fondo no lo ganarán jamás”. La iniciativa aún deberá ser discutida en el pleno del Senado en los próximos días.
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