Una coalición de doce estados de Estados Unidos, encabezada por los fiscales generales de Oregón y Arizona, presentó este miércoles una demanda ante el Tribunal de Comercio Internacional (CIT) para bloquear una serie de aranceles impuestos por el expresidente Donald Trump mediante órdenes ejecutivas.
La demanda impugna cuatro órdenes firmadas por Trump, a través de las cuales el exmandatario atribuyó al Ejecutivo la capacidad de aumentar los aranceles sin la intervención del Congreso. Los estados demandantes argumentan que esta práctica es ilegal y excede las facultades constitucionales del presidente.
Las medidas impugnadas incluyen un arancel del 145 por ciento a la mayoría de los productos provenientes de China, así como un arancel del 25 por ciento a bienes procedentes de Canadá y México. Además, se cuestiona la aplicación de un arancel del 10 por ciento sobre productos de otros países, y un nuevo plan para extender los aranceles a importaciones de 46 socios comerciales a partir del 9 de julio.
El fiscal general de Oregón, Dan Rayfield, aseguró en un comunicado que su estado no permitirá lo que calificó como una «guerra económica» perjudicial. “Estos aranceles afectan cada aspecto de nuestras vidas y tenemos la responsabilidad de contrarrestarlos”, declaró Rayfield.
Los demandantes también citaron estudios que indican que los aranceles impuestos durante el primer mandato de Trump (2017–2021) provocaron que el 95 por ciento del costo de estas tarifas fuera absorbido por los consumidores estadounidenses. Según la demanda, esta nueva ronda de aranceles podría tener efectos similares.
Tanto la Reserva Federal como el Fondo Monetario Internacional han advertido que la implementación de estos nuevos aranceles podría generar un aumento en la inflación, afectando negativamente a la economía nacional.
Los estados que se sumaron a la demanda incluyen Nevada, Colorado, Connecticut, Delaware, Illinois, Maine, Minnesota, Nuevo México, Nueva York y Vermont. Esta acción legal se suma a la presentada por California la semana anterior, que también cuestiona la legalidad de las políticas arancelarias del expresidente.
El caso ahora deberá ser analizado por el Tribunal de Comercio Internacional, que determinará si el Ejecutivo actuó dentro del marco legal al imponer estas medidas sin aprobación legislativa.
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