El presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, reconoció que en las listas de aspirantes a cargos judiciales, entregadas por los poderes Legislativo y Judicial al Instituto Nacional Electoral (INE), se detectó la inclusión de abogados que han defendido a narcotraficantes. Ante esta situación, el legislador hizo un llamado al INE para que retire el registro de dichos candidatos.
“Sí hemos detectado, por ejemplo, algunos defensores de narcotraficantes que están queriendo acceder. No deberían participar, no cumplen con la exigencia constitucional de probidad”, afirmó Fernández Noroña en declaraciones recientes. Aunque no proporcionó nombres ni ejemplos concretos, sostuvo que estas personas no deberían ser consideradas para ocupar puestos en el sistema judicial.
El senador señaló que el INE no tendría que esperar a que se realice la elección para actuar: “Creo que debería retirársele el registro a quienes no cumplen”, agregó. También manifestó su preocupación por la posibilidad de que individuos con antecedentes vinculados al crimen organizado lleguen a ejercer funciones como jueces o magistrados.
“Sería desafortunado que un defensor de narcos acreditado o un juez que ha liberado a narcos, acreditado, con una conducta sistemática, llegue a ser juez o magistrado”, subrayó el legislador del partido Morena.
Fernández Noroña admitió que los tres poderes de la Unión —Legislativo, Judicial y Ejecutivo— son los responsables de evaluar las candidaturas y de evitar que personas con antecedentes cuestionables formen parte del proceso judicial. “Se hizo la revisión y no es ninguna jiribilla, pero la mayoría, los tenemos contabilizados, la mayoría son del Poder Judicial, pero sí hay alguno del Poder Legislativo”, explicó.
El senador también adelantó que, tras concluir el periodo ordinario de sesiones el 30 de abril, los legisladores de Morena se dedicarán a promover la participación ciudadana en la elección judicial en cada uno de sus estados.
La elección de jueces y magistrados es un proceso de reciente implementación en el país, impulsado por reformas en materia judicial que buscan incrementar la transparencia y la participación ciudadana en el nombramiento de autoridades del poder judicial.
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