La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) autorizó a la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a instituciones y funcionarios públicos, a promover la elección judicial que se celebrará el próximo 1 de junio, al revocar una restricción impuesta previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE).
El acuerdo del INE, aprobado el 29 de marzo, prohibía a servidores públicos promover la elección. Esta decisión fue impugnada por 39 actores, entre ellos la presidenta de la República. En la sesión del TEPJF se debatieron dos proyectos: uno de la magistrada Janine Otálora, que respaldaba mantener la restricción, y otro del magistrado Felipe de la Mata Pizaña, que proponía revocarla. Este último fue aprobado con el voto de la magistrada presidenta Mónica Soto Fregoso, el magistrado Felipe Fuentes Barrera y el propio De la Mata.
El proyecto avalado sostiene que la elección judicial es distinta a los procesos organizados por partidos políticos y, por tanto, no le aplican las mismas reglas. De acuerdo con la resolución, la difusión por parte de autoridades deberá tener carácter institucional, ser imparcial, con fines informativos y educativos, sin promover a personas servidoras públicas ni beneficiar o perjudicar a candidaturas.
Durante la sesión, la magistrada Janine Otálora argumentó en contra de revocar el acuerdo del INE. Señaló que el artículo 506 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales prohíbe expresamente a servidores públicos realizar actos de proselitismo en procesos relacionados con la elección de integrantes del Poder Judicial. Además, subrayó que esta medida no vulnera el derecho a la libertad de expresión, ya que busca evitar interferencias indebidas.
En contraste, la magistrada Mónica Soto criticó al INE por intentar tener el control exclusivo de la promoción electoral. “La democracia no es de una institución”, expresó, y afirmó que negar a otras autoridades la posibilidad de informar sobre el proceso judicial era equivalente a querer realizar una “elección silenciosa”.
Por su parte, el magistrado Felipe Fuentes Barrera defendió la necesidad de informar a la ciudadanía sobre la complejidad de la elección judicial. Afirmó que “la información es esencial para el ejercicio del derecho al voto” y que no se puede exigir un sufragio razonado si no se garantiza acceso a información clara sobre lo que está en juego.
La decisión del TEPJF permite ahora que autoridades del gobierno federal, estatales y municipales participen en la promoción del proceso electoral judicial, siempre que respeten los principios de legalidad, imparcialidad y neutralidad establecidos en la Constitución y la legislación electoral vigente.
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