El diputado federal Rubén Moreira Valdez urgió al Congreso de la Unión a trabajar de manera coordinada en la elaboración de leyes en materia de seguridad pública, ante la crisis nacional de desapariciones. A nombre del Grupo Parlamentario del PRI, presentó un Punto de Acuerdo para que la Cámara de Diputados y el Senado legislen en conferencia este tema prioritario.
Durante su posicionamiento, el coordinador parlamentario del PRI expresó su preocupación por el creciente número de personas desaparecidas en el país, situación que calificó como una “gran tragedia”. Asimismo, criticó la omisión de algunos gobiernos estatales y la política federal de “abrazos no balazos”, a la que responsabilizó de no haber dado resultados efectivos contra el crimen organizado.
El legislador señaló el caso de Teuchitlán, Jalisco, como ejemplo de la falta de atención a las víctimas y sostuvo que la reciente resolución del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas se origina en la escasa respuesta del Gobierno Federal ante esta problemática. Según afirmó, estos señalamientos ya habían sido advertidos por el relator del organismo internacional.
Moreira recordó que la bancada del PRI ha realizado diversos llamados al Ejecutivo federal y a la mayoría legislativa para abordar con seriedad el tema de las desapariciones, e hizo un exhorto a no minimizar su gravedad. “No se puede descalificar una realidad que está afectando a miles de familias en todo el país”, declaró.
El diputado federal también se refirió a las iniciativas que ha promovido la presidenta Claudia Sheinbaum en este rubro. Si bien reconoció la presentación de propuestas, consideró que “no son suficientes” y que se requiere una reforma de carácter constitucional que incluya la participación de los colectivos de búsqueda, especialmente las madres de personas desaparecidas.
Finalmente, Moreira subrayó la necesidad de que el gobierno federal actúe con voluntad política, apertura e inclusión. Reiteró el compromiso del PRI para impulsar un marco legal que garantice una respuesta institucional efectiva, coordinada y con enfoque de derechos humanos frente a la crisis de desapariciones que enfrenta el país.
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