El fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, informó este martes que ya hay 15 personas detenidas por delitos relacionados con delincuencia organizada en el caso del rancho Izaguirre, presunto centro de operaciones del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), ubicado en el municipio de Teuchitlán, Jalisco.
Durante la conferencia matutina del Gobierno federal, Gertz Manero calificó los avances como “sustanciales”, señalando que desde la toma de posesión del inmueble hace poco más de dos semanas, las investigaciones han permitido identificar su uso como centro de reclutamiento, operaciones y capacitación del grupo criminal. “Tenemos 15 detenidos que ya estaban por otros delitos vinculados con delincuencia organizada», indicó.
El fiscal mencionó que una de las detenciones clave fue la de José Gregorio, alias “El Lastra”, presunto reclutador del CJNG, quien habría proporcionado información relevante para identificar las actividades realizadas en el rancho. La captura se realizó en la Ciudad de México y, con el testimonio de otras dos personas en Zacatecas y Jalisco, se logró confirmar el funcionamiento del sitio.
El rancho Izaguirre fue objeto de denuncias desde el 8 de marzo, cuando el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó del hallazgo de aproximadamente 400 pares de zapatos, lo que generó sospechas sobre la posible existencia de un “campo de exterminio”. Sin embargo, las autoridades lo han clasificado oficialmente como un “campo de adiestramiento”.
Gertz Manero indicó que la Fiscalía General de la República (FGR), que atrajo el caso en marzo, continúa con los análisis para determinar si en el lugar se practicó la cremación de personas. Estas pruebas están siendo realizadas en conjunto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).
“La información la tendremos en el transcurso de esta y la próxima semana”, afirmó el fiscal, quien adelantó que se espera confirmar o descartar si hubo incineración de cuerpos en el lugar, una de las principales inquietudes de los colectivos de búsqueda.
El caso ha intensificado el escrutinio público sobre la crisis de desapariciones en México, donde más de 120 mil personas permanecen no localizadas desde que existen registros oficiales. Las familias de víctimas han exigido respuestas y acciones concretas del nuevo gobierno encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Las autoridades federales han reiterado su compromiso de continuar con las investigaciones en el rancho Izaguirre y de mantener informada a la ciudadanía sobre los avances en este caso.
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