La diputada federal Noemí Luna presentó una iniciativa para reformar la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, con el objetivo de actualizar la base de datos de menores que nacen o viven con sus madres en centros penitenciarios, y garantizar el ejercicio de sus derechos a través de la supervisión de las autoridades correspondientes.
La propuesta, turnada a la Comisión de Derechos de la Niñez y Adolescencia para su análisis, plantea que la Procuraduría Federal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes (PFPNNA), en coordinación con sus homólogas estatales y las autoridades penitenciarias, mantenga actualizada la información sobre las hijas e hijos de mujeres privadas de la libertad. También contempla la vigilancia sobre sus condiciones de desarrollo al interior de los centros de reclusión.
La legisladora del Partido Acción Nacional (PAN) y representante por Zacatecas sostuvo que es necesario visibilizar las condiciones en que se desarrollan estos menores, quienes, dijo, nacen y crecen en espacios no diseñados para su bienestar integral. Añadió que la reforma contribuiría a brindar claridad y certeza sobre la situación de estos niños y niñas.
De acuerdo con el Censo Nacional del Sistema Penitenciario Federal y Estatales 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), durante ese año ingresaron 147,802 personas a reclusorios en todo el país. De ellas, 2,947 lo hicieron a nivel federal y 144,855 a nivel estatal.
El mismo reporte señala que al cierre de 2023 se encontraban privadas de su libertad 282 mujeres embarazadas, de las cuales el 56.4 por ciento estaba en periodo de lactancia. Esta cifra representa un incremento de 9.3 por ciento respecto al año anterior. Además, se documentó que 343 mujeres vivían con sus hijas e hijos menores de seis años dentro de los centros penitenciarios.
La Ciudad de México fue la entidad con mayor concentración de menores que acompañan a sus madres en prisión. En contraste, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) identificó que en al menos 12 entidades no existen instalaciones específicas para mujeres, por lo que las reclusas comparten espacios con varones en condiciones mixtas.
Los estados sin centros penitenciarios femeniles incluyen Baja California, Baja California Sur, Campeche, Durango, Guerrero, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas y Veracruz. La CNDH ha documentado que esta situación limita el acceso a condiciones adecuadas para la atención de mujeres y sus hijas e hijos.
La iniciativa de Noemí Luna busca fortalecer la protección de la infancia en contextos de reclusión y asegurar que las políticas penitenciarias consideren las necesidades específicas de esta población.
Información relacionada
Descubre más desde
Suscríbete y recibe las últimas entradas en tu correo electrónico.