La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz, presentó un juicio electoral ante la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de un acuerdo emitido por el Instituto Nacional Electoral (INE). El acuerdo prohíbe la difusión de información sobre el proceso electoral judicial, que se llevará a cabo el 1 de junio de 2025. Ortiz argumentó que estas restricciones son una violación al derecho de la ciudadanía a contar con información objetiva y neutral sobre el proceso.
En su impugnación, Ortiz calificó de «irrazonable» la decisión del INE, argumentando que, tras la reforma al Poder Judicial que establece la elección popular de jueces, ministros y magistrados, los poderes de la Unión deberían poder difundir detalles sobre la estructura de las boletas electorales y los criterios de votación para cada cargo. Según la ministra, estas medidas limitan el acceso de la ciudadanía a fuentes confiables y necesarias para una participación informada en el proceso electoral.
«El conocimiento constituye un requisito indispensable para garantizar tanto el derecho a ser votadas como el derecho al voto informado», afirmó Ortiz en su carta publicada en la red social X. La ministra añadió que las restricciones también afectan a los candidatos, quienes no pueden presentar su propuesta en universidades públicas. Consideró que esto atenta contra la autonomía universitaria, la cual podría servir de espacio para foros informativos neutros sobre el proceso electoral.
Además, Ortiz subrayó que la decisión del INE implica una regresión democrática, al concentrar en una sola institución la facultad de informar sobre un proceso electoral tan importante. La ministra criticó la falta de pluralidad informativa, que según ella, limita el ejercicio libre de la democracia. En este sentido, se mostró en contra de la restricción a la difusión de las candidaturas por parte de otros organismos distintos al INE.
En apoyo a su postura, la ministra Lenia Batres Guadarrama también se pronunció en contra de las restricciones impuestas por el INE. En una entrevista reciente, Batres expresó que estas medidas buscan reducir la cantidad de votos informados, además de dificultar el conocimiento de los candidatos y sus propuestas. La postura de Batres coincide con la de Ortiz, quien considera que estas restricciones afectan el ejercicio pleno de la ciudadanía en su derecho a votar.
El proceso electoral del Poder Judicial, previsto para el 1 de junio de 2025, será crucial, ya que se elegirán varios cargos judiciales de alto nivel, incluyendo nueve ministros de la SCJN, cinco magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial y 17 magistraturas de las Salas Superiores del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. También se elegirán 464 magistraturas de circuito y 386 personas juzgadoras de distrito, cargos que inciden directamente en la administración de justicia en el país.
La resolución sobre la impugnación de la ministra Ortiz por parte del Tribunal Electoral podría tener un impacto importante en la forma en que se lleva a cabo la difusión de la información electoral para el próximo proceso judicial. La decisión del tribunal podría sentar un precedente sobre la regulación de la difusión de información en futuros procesos electorales en México.
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