La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y en lo particular, el dictamen que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas, con el objetivo de actualizar el sistema de contrataciones públicas. El dictamen fue remitido al Senado de la República para su revisión y eventual aprobación.
La reforma busca garantizar principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y honradez en la contratación de obras públicas. Además, establece mecanismos para asegurar mejores condiciones de contratación para el Estado, en cumplimiento con el artículo 134 de la Constitución Política.
El dictamen, derivado de una iniciativa presentada por la presidenta de la República, fue aprobado en lo general con 355 votos a favor, 98 en contra y una abstención. En lo particular, obtuvo 324 votos a favor, 119 en contra y una abstención. Durante la discusión, se reservaron diversos artículos y transitorios, pero las modificaciones propuestas fueron retiradas o desechadas.
Entre las disposiciones más relevantes, la reforma contempla la creación de la Plataforma Digital de Contrataciones Públicas, administrada por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Esta herramienta electrónica centralizará y estandarizará los procedimientos de contratación de obras públicas y servicios relacionados, garantizando mayor transparencia y acceso gratuito a la información.
La nueva normativa establece que la información de los contratos, convocatorias, licitaciones, adjudicaciones directas y demás actos relacionados con las contrataciones será publicada en la Plataforma y se conservará por al menos cinco años. Excepcionalmente, podrán realizarse procedimientos fuera de la Plataforma con autorización de la Secretaría.
Asimismo, la reforma precisa que los contratos celebrados entre dependencias y entidades del sector público no estarán sujetos a esta Ley, salvo cuando la entidad contratante no cuente con la capacidad para realizar los trabajos y deba recurrir a terceros. En tales casos, se exigirá que la contratación externa no supere el 49% del valor total del contrato.
Por otra parte, se establece que la Fuerza Armada Permanente quedará exenta de la aplicación de la Ley cuando participe en programas prioritarios o proyectos estratégicos mediante convenios de colaboración con otras entidades públicas. Estos convenios deberán detallar la forma de ejecución de los trabajos.
Finalmente, se refuerzan los lineamientos para la investigación de mercado previa a la contratación de obras públicas, con el fin de asegurar mejores condiciones para el Estado. La Secretaría emitirá las disposiciones para regular estos procedimientos y estandarizar las contrataciones públicas a nivel federal.
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