Un juez federal de Michoacán concedió una suspensión provisional que impide la detención de Israel Patrón Reyes, exsecretario de Seguridad Pública del estado, quien es buscado por la Fiscalía General de la República (FGR) por presunto daño al erario superior a 3 mil 412 millones de pesos durante el gobierno de Silvano Aureoles.
Según registros judiciales, Patrón Reyes pagó cinco mil pesos como garantía para mantener vigente la medida cautelar al menos hasta el próximo 26 de marzo. “Se le tiene exhibiendo el billete de depósito, expedido por el Banco del Bienestar […] con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se tiene por constituida la garantía fijada”, explicó el juez en la resolución.
La orden de aprehensión contra Patrón Reyes y otros exfuncionarios estatales fue girada por la jueza Patricia Sánchez Nava, del Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, por presuntos sobreprecios en la renta de siete cuarteles de la Policía Estatal michoacana. Entre los señalados también se encuentra el exgobernador Silvano Aureoles.
Fuentes federales confirmaron que además de Patrón Reyes, la FGR también busca a Juan Bernardo Corona Martínez, exsecretario de Seguridad de Michoacán, y a Guillermo Loaiza Gómez, exdirector del Comité de Adquisiciones del Poder Ejecutivo estatal.
De acuerdo con la orden de aprehensión, los exfuncionarios actuaron de manera conjunta entre 2016 y 2021 para suscribir contratos de prestación de servicios, arrendamiento, mantenimiento y adquisición de cuarteles sin cumplir con los requisitos legales. “Existen indicios razonables para suponer, al menos a título de probabilidad, que cometieron los hechos que la ley señala como delitos”, señala el documento.
Durante su conferencia matutina, el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, afirmó que Silvano Aureoles está siendo monitoreado por el Gabinete de Seguridad y que su detención es solo cuestión de tiempo.
El fiscal recordó que la investigación contra Aureoles se originó hace varios años por un presunto caso de peculado relacionado con la construcción de cárceles locales cuando fue gobernador de Michoacán entre 2015 y 2021. “Después de muchos problemas procesales frente a los jueces federales, por fin la Fiscalía ya pudo judicializar el caso”, explicó.
La FGR continúa con las diligencias para la ejecución de las órdenes de aprehensión y el seguimiento del caso.
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