Miguel Ángel Treviño Morales, conocido como «El Z-40», pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se suspendiera su proceso de extradición a Estados Unidos, días antes de su entrega a las autoridades estadounidenses. El presunto líder del cártel de Los Zetas argumentó que su extradición violaría derechos constitucionales debido a la posibilidad de enfrentar una pena de cadena perpetua en el sistema de justicia norteamericano.
Treviño Morales solicitó que se inaplicaran las tesis jurisprudenciales 1/2006 y 2/2016, que permiten la prisión vitalicia en el proceso de extradición. Según él, estas tesis no toman en cuenta las condiciones del sistema penitenciario de Estados Unidos, que considera la cadena perpetua, una pena que está prohibida en México por la Constitución. A través de su defensa, pidió que se tomara en cuenta la jurisprudencia 26/2004, la cual establece que los jueces federales pueden amparar a las personas requeridas por otros países si no se les garantiza que no enfrentarán una pena de prisión perpetua.
El Z-40, detenido en el Centro Federal de Readaptación Social Número 4 en Tepic, Nayarit, señaló que la extradición violaba los artículos 1, 18 y 22 de la Constitución mexicana, que prohíben la imposición de penas inusitadas como la cadena perpetua. La tesis 26/2004, que él invocó, establece que si no se obtiene el compromiso del país requirente de no aplicar esa pena, el proceso de extradición debe ser anulado y se debe liberar al solicitante.
No obstante, la SCJN determinó que no tenía competencia para resolver la solicitud de «El Z-40». En una resolución emitida, el máximo tribunal del país explicó que no correspondía a la Corte atender el caso, lo que permitió que el proceso de extradición continuara sin la intervención solicitada por el presunto narcotraficante.
El 27 de febrero de 2025, Treviño Morales fue finalmente entregado a Estados Unidos, junto con otros 28 miembros del crimen organizado, incluidos líderes de diversos cárteles. Esta entrega es parte de los esfuerzos de las autoridades mexicanas para cooperar con Estados Unidos en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.
En su demanda, Treviño Morales también buscaba que las autoridades mexicanas no concedieran su extradición debido a que el sistema de justicia estadounidense podría imponerle una condena que contravendría la normativa constitucional del país. Sin embargo, las tesis que citó no fueron suficientes para frenar su extradición.
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