La presidenta Claudia Sheinbaum envió al Senado de la República dos iniciativas con proyecto de decreto para la creación de tres nuevas leyes en materia de transparencia y la reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal. Con estas propuestas, se establece la desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) y su sustitución por el órgano denominado Transparencia para el Pueblo.
Según las iniciativas, Transparencia para el Pueblo será un órgano administrativo desconcentrado adscrito a la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno. Su función será resolver los recursos de revisión en caso de que el gobierno federal, sus secretarías y órganos desconcentrados nieguen el acceso a información pública, así como atender recursos de inconformidad contra resoluciones emitidas por autoridades estatales en materia de transparencia.
La propuesta establece que, en lugar del INAI, ocho autoridades serán responsables de resolver los recursos de revisión y garantizar el acceso a la información. Estas incluyen el propio Transparencia para el Pueblo, los órganos de control del Poder Judicial y del Congreso, el Instituto Nacional Electoral (INE), y las contralorías internas de los gobiernos estatales y municipales.
Asimismo, se mantiene el juicio de amparo como medio de impugnación contra las resoluciones de estos organismos, el cual será resuelto por jueces y tribunales especializados en la materia, designados por el Poder Judicial. Con esta medida, el Ejecutivo busca modificar el actual esquema de transparencia y simplificar la estructura de acceso a la información pública.
Las iniciativas plantean sustituir el actual Sistema Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales por el Sistema Nacional de Acceso a la Información Pública. Además, eliminan la atribución de regular la Plataforma Nacional de Transparencia y la coordinación en materia de protección de datos personales.
También se propone la creación de un Consejo Nacional, encargado de la supervisión y operación del nuevo sistema de acceso a la información. Este consejo estaría integrado por representantes de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, el Archivo General de la Nación, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, el INE y los gobernadores de los estados, quienes presidirían los Comités de Transparencia en cada entidad.
El envío de estas iniciativas al Senado marca el inicio de un proceso legislativo que definirá el futuro del acceso a la información pública en México. La propuesta será analizada y discutida por el Congreso, en un debate que podría modificar de manera significativa el sistema de transparencia en el país.
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