La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucionales varios artículos de la Ley de Austeridad de Veracruz, al considerar que violan la independencia del Poder Judicial de ese estado. La decisión se tomó tras analizar el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, derivado de una controversia constitucional promovida por el Poder Judicial veracruzano.
El caso, discutido este lunes, se centró en una ley publicada en diciembre de 2018 que establecía medidas de austeridad. Los ministros determinaron que algunas de estas disposiciones interferían en la autonomía judicial. Entre los artículos invalidados se encuentra la prohibición de contratar seguros privados de gastos médicos, de vida y de separación individualizada, así como la negativa al otorgamiento de haberes de retiro, pensiones y jubilaciones con recursos públicos.
El pleno también invalidó la disposición que sujetaba el presupuesto para servicios y recursos materiales del Poder Judicial al monto aprobado el año anterior. Esto incluía restricciones en gastos como telefonía, energía eléctrica, remodelación de oficinas y combustibles, entre otros.
La SCJN concluyó que las infracciones a la Ley de Austeridad no deben considerarse faltas administrativas graves, en contraste con lo planteado originalmente por el congreso estatal. Según el ministro González Alcántara Carrancá, estas disposiciones constituían una intromisión en la independencia del Poder Judicial.
Otro de los puntos abordados fue la prohibición de crear nuevas plazas y contratar personal bajo la figura de honorarios. Los ministros señalaron que esta medida no respetaba la autonomía judicial y, por lo tanto, debía ser anulada.
El análisis del proyecto consideró también la reforma judicial de septiembre de 2024, que establece criterios de austeridad para poderes judiciales a nivel federal y local. El ministro González Alcántara Carrancá indicó que esta reforma será tomada en cuenta en el engrose de la sentencia.
Finalmente, la SCJN tenía programada la discusión de la declaratoria general de inconstitucionalidad de la Ley General de Comunicación Social, vigente desde el sexenio de Enrique Peña Nieto y modificada en 2022. Sin embargo, esta discusión fue pospuesta tras una nota presentada por la ministra Margarita Ríos Farjat, lo que llevó al ministro González Alcántara Carrancá a retirar temporalmente su propuesta.
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