Pablo “N”, alias “Peluchín”, presunto integrante del grupo criminal «La Línea», fue señalado por su posible participación en la masacre ocurrida en Bavispe, Sonora, en 2019. En el ataque fueron asesinados nueve integrantes de las familias LeBarón y Langford, entre ellos mujeres y niños.
Este viernes, se llevó a cabo una audiencia para determinar si existen elementos suficientes para vincular a proceso a Pablo “N” por los delitos de feminicidio y terrorismo. Según un comunicado emitido por la familia LeBarón, la representación legal solicitó que los crímenes fueran investigados con perspectiva de género, conforme a una sentencia de amparo que ordena reclasificar el delito de homicidio a feminicidio.
“A pesar de la sentencia, la Fiscalía General de la República (FGR) no formuló imputación por feminicidio, sino únicamente por homicidio, tentativa de homicidio y daños”, señaló el documento. La familia también denunció la falta de cumplimiento por parte de la FGR, a pesar de la orden emitida el 9 de enero para aplicar una debida diligencia en casos de violencia contra mujeres.
La audiencia continuará el próximo 28 de enero, fecha en la que se resolverán las imputaciones. Hasta el momento, se han detenido a 37 personas vinculadas al ataque, de las cuales 12, incluido Pablo “N”, han sido procesadas por homicidio.
Pablo “N” fue arrestado el 31 de diciembre de 2024, tras un enfrentamiento, y el 17 de enero se le vinculó a proceso por posesión de armas, cartuchos y cargadores de uso exclusivo del Ejército. Según la familia LeBarón, su vinculación a la masacre podría fortalecer las investigaciones sobre el caso.
La masacre en Bavispe, ocurrida en noviembre de 2019, generó indignación nacional e internacional, resaltando la violencia que afecta a las comunidades en el norte de México. Las familias LeBarón y Langford continúan exigiendo justicia, denunciando irregularidades en las investigaciones y solicitando que se respeten las órdenes judiciales emitidas.
Este caso ha reavivado el debate sobre el papel de las instituciones de justicia en México para atender los crímenes con perspectiva de género y la efectividad de las acciones contra grupos del crimen organizado que operan en la región.
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