Fernando Rojo de la Vega Molina, secretario de Bienestar en Sonora, reconoció su vínculo con las filiales mexicanas de la empresa china Mainland Headwear, la cual ha recibido beneficios del gobierno estatal encabezado por Alfonso Durazo Montaño. La información fue difundida tras un reportaje publicado por Latinus que expone presuntas irregularidades y tráfico de influencias en la instalación de esta fábrica en el estado.
A través de una carta publicada en su cuenta en la red social X, Rojo de la Vega no desmintió su participación en Mainland Headwear ni los señalamientos de relaciones y gestiones gubernamentales que habrían favorecido a la empresa. Según el reportaje, el gobierno de Sonora otorgó a Mainland Headwear una zona libre de impuestos, un terreno ubicado a menos de dos kilómetros de la frontera con Estados Unidos y exenciones fiscales.
La misiva, que carece de logotipos oficiales, fue utilizada por el funcionario para responder al reportaje. Sin embargo, no abordó las razones por las cuales una empresa en la que participa habría recibido estos beneficios del gobierno del cual forma parte.
El caso ha generado controversia debido a los posibles conflictos de interés. De acuerdo con el reportaje, la intervención del gobierno sonorense para facilitar las condiciones de Mainland Headwear se habría dado con el conocimiento de Rojo de la Vega, quien además funge como administrador de las filiales mexicanas de la empresa.
La instalación de Mainland Headwear en Sonora forma parte de un proyecto de expansión empresarial que busca aprovechar las ventajas de la cercanía con Estados Unidos, además de los incentivos fiscales y territoriales otorgados. No obstante, las acusaciones de tráfico de influencias y favoritismo han puesto en entredicho la transparencia de estos procesos.
Hasta el momento, el gobierno de Sonora no ha emitido un comunicado oficial sobre el vínculo entre el secretario de Bienestar y Mainland Headwear. Por su parte, Rojo de la Vega ha utilizado declaraciones en redes sociales para descalificar las acusaciones, sin ofrecer respuestas claras sobre los beneficios otorgados a la empresa.
El caso ha despertado cuestionamientos sobre la posible falta de separación entre intereses públicos y privados dentro de la administración estatal. Analistas y ciudadanos han exigido una aclaración oficial y una investigación independiente para determinar si hubo un uso indebido del poder público en beneficio de una empresa privada.
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