Los senadores de Nuevo León, Waldo Fernández y Judith Díaz, presentaron dos iniciativas legislativas para anular el reciente incremento en las tarifas del transporte público en el estado, que ha generado controversia por su impacto en la economía de las familias, la movilidad urbana y la competitividad del estado.
Los legisladores consideran que el aumento tarifario, que eleva el costo del pasaje hasta 17 pesos en algunos servicios de transporte público, es una medida recaudatoria que no resuelve la crisis de movilidad en la entidad. En su lugar, aseguran que perjudica a los trabajadores y familias, quienes enfrentan una carga adicional sin que haya mejoras sustanciales en el servicio.
Para contrarrestar este aumento, Fernández y Díaz presentaron una iniciativa de reforma al Artículo 67 de la Ley General de Movilidad y Seguridad Vial, que propone cinco puntos clave. Entre ellos, se busca prohibir incrementos abruptos de tarifas por encima de la inflación y establecer un sistema de aumentos graduales, ajustables a partir del tercer mes de cada año, permitiendo a las familias planificar mejor sus finanzas.
La reforma también plantea que antes de cualquier revisión de tarifas, las autoridades federativas realicen inspecciones físicas a todas las unidades de transporte público, verificando que cumplan con las normativas de tránsito, accesibilidad, limpieza y equipamiento adecuado para diversas condiciones climáticas.
Adicionalmente, la propuesta exige que los estudios técnicos y económicos que justifiquen cualquier incremento en las tarifas sean públicos y transparentes. Además, propone la implementación de subsidios para personas de la tercera edad, con el fin de proteger a este sector vulnerable de la población.
En paralelo, los senadores presentaron un Punto de Acuerdo para solicitar que el gobierno estatal dé marcha atrás al aumento tarifario. También exigen la divulgación de los estudios que justifican el incremento y una evaluación del impacto de las tarifas en la economía de los ciudadanos, además de pedir informes sobre el estado del proyecto del corredor ferroviario García-Aeropuerto.
Fernández y Díaz hicieron un llamado a las autoridades federales y locales para que tomen en cuenta las condiciones reales del servicio de transporte antes de implementar nuevas tarifas. Díaz subrayó que «no podemos permitir que las decisiones sobre el transporte público sigan tomándose sin un sustento claro y sin considerar el impacto directo que tienen en las familias trabajadoras».
Por su parte, Fernández cuestionó la disparidad entre las tarifas de los servicios de transporte integrados al sistema estatal y aquellos que no lo están, señalando que la diferencia de hasta 5 pesos por pasaje demuestra que el incremento responde más a fines recaudatorios que a una mejora en el servicio. Ambos senadores reiteraron su compromiso de trabajar por un sistema de transporte público accesible, justo y de calidad para los nuevoleoneses.
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