El Gobierno del Estado de Puebla otorgó una prórroga de seis meses, a partir del 2 de enero, para que transportistas en las modalidades de taxis y transporte urbano, masivo y foráneo puedan cumplir con la renovación de sus unidades conforme a los requerimientos legales.
Silvia Tanus Osorio, titular de la Secretaría de Movilidad y Transporte, explicó que los conductores deberán sustituir sus vehículos por modelos que cumplan con la antigüedad máxima permitida, según lo estipulado en el Reglamento de la Ley de Transporte del Estado de Puebla. En el caso de taxis, se requiere que los vehículos sean del año 2019 o más recientes y no excedan los siete años de antigüedad.
De acuerdo con el artículo 49 del reglamento, las unidades destinadas al servicio público de transporte deben cumplir con antigüedades específicas según su modalidad. En el caso del transporte urbano y masivo, los modelos deberán ser de 2017 en adelante, mientras que para las rutas suburbanas y foráneas se exige que sean de 2015 o años más recientes, con antigüedades máximas de diez y doce años respectivamente.
La medida busca apoyar a los concesionarios y operadores del transporte público para que puedan adecuarse a las normas establecidas. La funcionaria exhortó a los transportistas a utilizar esta prórroga para regularizar sus unidades y evitar sanciones.
El reglamento establece que en ningún caso se podrá sustituir un vehículo por otro con mayor antigüedad, y no se permitirá iniciar el trámite de alta para unidades con menos de un año de vida útil antes de alcanzar el límite permitido por ley.
La Secretaría de Movilidad y Transporte recordó que este plazo busca garantizar un servicio más seguro y eficiente para los usuarios, además de mejorar las condiciones del transporte público en el estado. La dependencia continuará vigilando que las unidades cumplan con los estándares establecidos.
Transportistas en Puebla deberán aprovechar este periodo de gracia para cumplir con las disposiciones legales y renovar sus unidades conforme a las especificaciones marcadas en la normativa estatal.
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