La diputada Ana Isabel González González (PRI) ha presentado una iniciativa que busca establecer protocolos de atención especializados para madres y padres que sufren la pérdida de un hijo durante la gestación, el parto o en los primeros días de vida. La propuesta pretende modificar varias leyes, como la Ley General de Salud, la Ley del Seguro Social, y la Ley Federal del Trabajo, para garantizar un acompañamiento integral y emocional durante este proceso.
El proyecto establece que, en caso de una pérdida perinatal o neonatal, las madres tendrán derecho a atención física y psicológica, tanto en el aspecto médico como emocional. Además, propone que se otorgue una licencia especial por posparto de seis meses, con salario íntegro, para que las madres puedan enfrentar y superar el duelo sin preocupaciones económicas. La iniciativa también subraya la importancia de respetar la dignidad y los derechos humanos de las madres durante este proceso.
La diputada González detalló que se crearían protocolos específicos para atender tanto la parte física como psicológica de las madres y los padres, además de un acompañamiento constante durante el proceso de duelo. También se incluiría información sobre los bancos de leche humana, permitiendo a las madres donar leche materna si así lo desean.
En la exposición de motivos, la diputada señaló que las principales causas de muerte fetal y perinatal están relacionadas con diabetes, parto prematuro, hipertensión, infecciones maternas, embarazo prolongado y consumo de tabaco. Según datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en 2023 se registraron 23,541 defunciones fetales, lo que equivale a una tasa nacional de 67.5 por cada 100,000 mujeres en edad fértil.
De esas defunciones, un 81.7% ocurrieron antes del parto y un 17.2% durante el mismo. Las entidades con las tasas más altas fueron San Luis Potosí (92.8%), Durango (91.1%) y el Estado de México (89%). La diputada subrayó que este tipo de reformas contribuiría a visibilizar el duelo perinatal y neonatal, lo que a su vez ayudaría a mejorar la salud mental de millones de madres y familias mexicanas.
Esta iniciativa se alinea con el Objetivo 3 de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que promueve la salud y el bienestar, buscando reducir la mortalidad infantil y neonatal y mejorar la salud mental de las madres. La reforma también contribuiría a cumplir con los compromisos internacionales para garantizar una vida sana y digna para todos.
La propuesta fue turnada a las comisiones unidas de Salud y de Trabajo y Previsión Social para su dictamen, y a la Comisión de Seguridad Social para su opinión.
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