La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, ganó un juicio que impide a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) emitir una declaración oficial sobre si su tesis profesional fue un plagio. La resolución fue dictada por el Quinto Tribunal Colegiado Federal en Materia Administrativa, el cual instruyó a la universidad a no realizar actos que vulneren los derechos de la ministra.
La UNAM informó a través de un comunicado que acatará el fallo judicial, pero consideró que esta decisión constituye “una interferencia flagrante e inadmisible” en su autonomía y legislación interna. Además, señaló que el fallo representa un atentado contra la libertad de expresión de la institución.
El caso de Esquivel fue revelado en diciembre de 2022 por el investigador Guillermo Sheridan en el portal Latinus. La investigación indicó que la tesis de licenciatura de Esquivel, presentada en 1987, es una copia de la elaborada por el exalumno Edgar Ulises Báez Gutiérrez, quien la presentó un año antes en la Facultad de Derecho de la UNAM. Ambos trabajos fueron asesorados por la profesora Martha Rodríguez Ortiz.
En enero de 2023, el Comité de Integridad Académica y Científica de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Aragón concluyó que la tesis de Esquivel era “una copia sustancial” de la de Báez Gutiérrez. Este hallazgo generó una fuerte controversia sobre la legitimidad del título profesional de la ministra.
Tras el escándalo, más de 30 académicos y exalumnos solicitaron al Consejo Universitario de la UNAM que se anulara el título de Esquivel. La petición fue respaldada por varios miembros del Consejo Universitario y por el entonces rector Enrique Graue Wiechers, quien también confirmó el plagio.
Pese a la presión, el abogado general de la UNAM, Alfredo Sánchez Castañeda, declaró que la institución no cuenta con los mecanismos legales para retirar el título profesional de Esquivel. Esta declaración generó críticas de diversos sectores académicos, quienes calificaron el caso como “robo intelectual”.
La resolución judicial emitida por el Quinto Tribunal bloquea la posibilidad de que la UNAM emita un dictamen público sobre el caso. La universidad ha manifestado su preocupación por lo que considera una limitación a su autonomía para sancionar prácticas contrarias a la ética académica.
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