El exministro de Defensa de Corea del Sur, Kim Yong Hyun, fue arrestado el martes acusado de conspirar con el presidente Yoon Suk Yeol para imponer la ley marcial el 3 de diciembre, que duró solo seis horas pero desató una crisis política en el país. La ley marcial fue la primera de su tipo en más de 40 años y generó protestas en todo el país.
Kim se entregó voluntariamente a la policía el domingo, y este martes un tribunal aprobó la solicitud de arresto por cargos de rebelión. Los fiscales lo acusan de recomendar la ley marcial a Yoon y de enviar tropas al Parlamento para impedir que los legisladores votaran en contra de la medida. El 4 de diciembre, el Parlamento logró rechazar el decreto por unanimidad, lo que llevó al gobierno a levantar la ley marcial antes del amanecer.
Las investigaciones continúan y las autoridades surcoreanas han prohibido a Yoon y a otros ocho individuos salir del país, ya que se consideran sospechosos clave en el caso. Esta es la primera vez en la historia reciente que se impone tal prohibición a un presidente en ejercicio en Corea del Sur.
En su declaración, Kim asumió toda la responsabilidad por la implementación de la ley marcial y pidió clemencia para los soldados involucrados, alegando que solo seguían órdenes. Los fiscales investigan si sus acciones constituyen rebelión, lo que podría acarrear penas severas, incluida la pena de muerte.
El Parlamento surcoreano, controlado por la oposición, aprobó un proyecto de ley para nombrar a un fiscal especial que investigue a Yoon y a varios altos mandos militares sobre la imposición de la ley marcial. El Partido Democrático, principal fuerza de oposición, ha expresado su desconfianza en que los fiscales públicos investiguen de manera imparcial a Yoon, un ex fiscal general.
Varios opositores y expertos han calificado la imposición de la ley marcial como inconstitucional. Según la Constitución de Corea del Sur, un presidente solo puede declarar la ley marcial en situaciones de guerra o emergencia nacional, circunstancias que no se dieron en este caso. Además, el despliegue de tropas para sellar el Parlamento y suspender sus actividades políticas se considera un intento de subvertir el orden constitucional.
La atención ahora se centra en las posibles investigaciones sobre Yoon, quien ha enfrentado constantes desafíos políticos desde su llegada al poder en 2022. La posibilidad de su destitución aún está en juego, ya que la oposición planea nuevas mociones de censura en su contra.
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