El Instituto Nacional Electoral (INE) reutilizará materiales de procesos anteriores para la elección judicial extraordinaria del 1 de junio de 2025, debido al inminente recorte presupuestal aprobado por la Cámara de Diputados. Morena ha propuesto asignar 8 mil millones de pesos al INE, reduciendo más de 4 mil millones de los 13 mil 205 millones solicitados para la organización electoral.
Entre los materiales que se reutilizarán están canceles electorales, urnas, mamparas especiales y marcadoras de credenciales reportados en buen estado por juntas locales y distritales ejecutivas. La Comisión Temporal del Proceso Electoral Judicial aprobó esta medida, junto con la producción limitada de materiales adicionales necesarios para cubrir los requerimientos de las casillas.
Como parte de las modificaciones, se utilizarán bolígrafos de punto mediano en lugar de los marcadores tradicionales para las boletas, debido a las características del proceso, que implica escribir los nombres de los candidatos seleccionados. Sin embargo, esta decisión aún deberá ser confirmada por el INE.
Respecto a los canceles electorales, que dejaron de producirse en el proceso electoral 2020-2021 por su alto costo, se optará por mamparas especiales para reemplazarlos gradualmente. Estas mamparas, producidas a razón de dos por cada cancel, reducirán los costos asociados con la organización de elecciones federales.
La producción de la tinta indeleble estará a cargo de la Escuela Nacional de Ciencias Biológicas del Instituto Politécnico Nacional, mientras que su certificación será realizada por la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Xochimilco. Este proceso garantiza la calidad y confiabilidad del material electoral.
La presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala, y los demás consejeros sostendrán una reunión con la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública en San Lázaro para insistir en la necesidad del presupuesto solicitado. No obstante, el bloque de Morena ha reiterado su intención de mantener la propuesta de recorte.
Estas medidas buscan garantizar la realización de la elección extraordinaria judicial en un contexto de restricciones presupuestales, con estrategias de ahorro que mantienen los estándares de calidad y seguridad en el proceso electoral.
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