El Grupo Parlamentario del PRI en el Senado votó en contra de la reforma al artículo 19 constitucional, que incluye seis nuevos delitos para la aplicación de prisión preventiva oficiosa, calificándola como una medida que vulnera los derechos humanos y la presunción de inocencia.
La reforma, respaldada por Morena y sus aliados, establece que delitos como extorsión, tráfico de fentanilo y contrabando ahora ameritarán prisión automática sin necesidad de juicio previo. La senadora Cristina Ruiz Sandoval señaló que esta medida pone en riesgo a toda la población. «No es justicia, es un atraco punitivo. Si las autoridades hacen bien su trabajo, no se necesita esta medida», afirmó.
Por su parte, la senadora Alma Carolina Viggiano Austria argumentó que la prisión preventiva oficiosa se ha utilizado de manera excesiva y arbitraria, afectando principalmente a sectores vulnerables. «Este gobierno la convierte en un recurso para criminalizar sin juicio y como herramienta política», señaló.
El PRI también criticó la ampliación de esta figura desde el sexenio de Felipe Calderón y su posterior adopción por la administración de López Obrador. «Con medidas como estas, Morena seguirá usando el sistema penal como recurso de represión», advirtió la senadora Karla Toledo Zamora, quien destacó que la reforma contradice recomendaciones de organismos internacionales como la ONU.
Anabell Ávalos Zempoalteca, senadora por Tlaxcala, calificó la medida como un «instrumento autoritario» y retó a los legisladores oficialistas a explicar a sus electores que votaron por una reforma que podría encarcelarlos sin pruebas.
La senadora Claudia Anaya Mota presentó una moción suspensiva, argumentando que la reforma elimina la capacidad de los jueces para analizar casos individuales, dejando como única opción aplicar de manera literal la prisión preventiva. «Se deben atender los delitos graves, no todos los delitos son iguales», señaló.
El PRI reiteró su posición a favor de penas más severas para delitos como el tráfico de fentanilo, pero rechazó la reforma por considerarla una amenaza a los derechos humanos y un retroceso en el sistema de justicia penal. La bancada anunció que seguirá trabajando por una justicia basada en pruebas y procesos imparciales.
La reforma fue aprobada con mayoría oficialista y será enviada a los estados para su ratificación, pese a las críticas de expertos y legisladores de oposición.
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