El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha reiterado su compromiso de deportar a más de 11 millones de migrantes indocumentados que residen en el país, muchos de ellos desde hace décadas. En apoyo a este plan, Texas ofreció 567 hectáreas de terreno en el condado de Starr, cerca de la frontera con México, para construir un centro de detención masiva.
La Oficina General de Tierras de Texas envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmando su disposición para colaborar en el establecimiento de instalaciones destinadas a «procesar, detener y coordinar» deportaciones. Este terreno, actualmente dedicado a la agricultura, está atravesado por el río Grande y fue adquirido por el estado en octubre con el objetivo de reforzar la seguridad fronteriza y ampliar la construcción del muro fronterizo.
A pesar de la propuesta, la Oficina de Tierras de Texas no ha aclarado el futuro de la producción agrícola que actualmente se desarrolla en el terreno, donde se cultivan cebollas, canola, girasoles, grano, maíz, algodón y soja. La oferta subraya el apoyo de Texas a las políticas migratorias estrictas que Trump busca implementar desde el inicio de su segundo mandato.
Los planes de deportaciones masivas ya están en marcha. Según NBC, el equipo de transición de Trump evalúa ubicaciones y contacta a empresas privadas de la industria penitenciaria para ampliar la capacidad de detención de migrantes en todo el país. El presidente electo confirmó que invocará la figura de emergencia nacional para desplegar al Ejército en la ejecución de su plan.
Trump designó a Tom Homan como su «zar de la frontera». Homan, quien fue una figura clave en las políticas migratorias del primer mandato de Trump, advirtió en una reciente entrevista que no habrá excepciones para las ciudades santuario. «Haremos el trabajo, con ustedes o sin ustedes», afirmó, enfatizando la necesidad de colaboración de todas las jurisdicciones para llevar a cabo las deportaciones.
En su declaración, Trump insistió en que «la seguridad fronteriza es seguridad nacional», justificando la dureza de las medidas como esenciales para garantizar el bienestar y la soberanía de Estados Unidos. Esta postura, sin embargo, ha despertado fuertes críticas tanto a nivel nacional como internacional, donde organizaciones defensoras de derechos humanos han calificado las medidas como una amenaza al trato humanitario de los migrantes.
Con este ofrecimiento de Texas, la administración entrante acelera sus preparativos para cumplir una de las promesas más controvertidas de la campaña de Trump, avivando el debate sobre el balance entre seguridad nacional y derechos humanos en la frontera sur.
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