El Instituto Nacional Electoral (INE) ha promovido una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra las recientes modificaciones a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales, que otorgan nuevas facultades a la comisionada presidenta del INE, Guadalupe Taddei Zavala. La impugnación, impulsada por al menos seis consejeros del instituto, responde al acuerdo que permite a Taddei designar directamente a los titulares de las direcciones ejecutivas, además de concentrar la responsabilidad sobre la Junta General Ejecutiva, encargada de la organización de los procesos electorales.
Las modificaciones fueron impulsadas por los legisladores de Morena, PT y PVEM en el marco de la reforma judicial, lo que incrementa el poder de la presidencia del INE en detrimento del carácter colegiado que tradicionalmente ha caracterizado al organismo. La impugnación fue presentada el 19 de noviembre por la encargada de la Secretaría Ejecutiva del INE, Claudia Edith Suárez, quien argumentó que las nuevas facultades otorgadas a la presidenta del INE “quitan el carácter colegiado” de la institución y podrían derivar en prácticas poco democráticas.
La propuesta de impugnación provino de un grupo de seis consejeros del INE, conocidos como el bloque ‘antiTaddei’, entre los que se encuentran Dania Ravel, Claudia Zavala, Carla Humphrey, Martín Faz, Jaime Rivera y Arturo Castillo. Este grupo considera que la concentración de poder en manos de la presidencia del INE puede poner en riesgo la autonomía del instituto, facilitando la injerencia de presiones externas.
Por su parte, Taddei Zavala defendió las modificaciones, señalando que la impugnación del bloque de consejeros representa una “intromisión” en sus atribuciones. En la sesión donde se aprobó la controversia constitucional, la presidenta del INE acusó a sus pares de intentar limitar sus facultades y de hacer un uso político de la colegialidad, indicando que esta no debía ser solo una cuestión discursiva sino también operativa.
Los consejeros impugnantes, como Dania Ravel y Jaime Rivera, respondieron argumentando que la concentración de facultades podría llevar a una falta de consenso y aumentar la susceptibilidad a influencias externas. Rivera, en particular, expresó con ironía que, bajo el nuevo esquema, no deberían preocuparles las “presiones externas” ni la ausencia de consensos, pues se confiaba en la “gran generosidad” de la presidenta para manejar las decisiones de manera consensuada.
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