Un análisis del Instituto Belisario Domínguez (IBD) reveló que sólo dos de cada 100 casos de extorsión en México logran integrarse en una carpeta de investigación, dejando el 98% en la impunidad. El estudio, titulado «Propuestas para tipificar la extorsión como delito grave», subraya la falta de acción efectiva ante un delito que afecta gravemente a la seguridad y economía del país.
Los estados con mayor incidencia de denuncias por extorsión son Estado de México, Veracruz, Guanajuato, Nuevo León y Jalisco. Tan sólo en 2023 se reportaron 10,337 denuncias por este delito, una ligera disminución respecto a las 10,343 registradas en 2022, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El Estado de México lidera con 4,010 casos. En municipios como Chimalhuacán, la violencia ligada a la extorsión ha impactado sectores como el de las tortillerías, donde 100 establecimientos han recibido amenazas y 20 han sido atacados. Situaciones similares se reportan en Veracruz, con 881 denuncias en 2023. Ante ello, el gobierno estatal recomendó a los ciudadanos colgar llamadas sospechosas y verificar la seguridad de sus familiares.
El cobro de piso, ciberextorsiones y amenazas telefónicas son las modalidades más comunes. En Michoacán, los productores de limón en Apatzingán enfrentaron extorsiones de hasta dos pesos por kilo, lo que paralizó la producción en agosto hasta que el gobierno local intervino para garantizar seguridad.
La gravedad del problema ha llevado al Congreso a aprobar una reforma al artículo 19 constitucional, que incorpora la extorsión al catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Sin embargo, la gran cifra negra del delito persiste, alimentada por la desconfianza de las víctimas hacia las autoridades.
De acuerdo con la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), en 2023, el 54.5% de los empresarios sufrió algún delito, siendo la extorsión el segundo más frecuente. Esta situación afecta particularmente a la economía local y genera asesinatos vinculados a la resistencia de las víctimas.
El informe del IBD concluye que el delito de extorsión no solo representa un daño económico, sino también un atentado contra la seguridad y estabilidad de las comunidades mexicanas. Los expertos insisten en la necesidad de políticas más efectivas y cooperación entre autoridades para combatir esta problemática de forma contundente.
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