La alcaldesa de Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, ha presentado una iniciativa en el Congreso de la Ciudad de México para endurecer las penas contra quienes cometan extorsiones a través de llamadas telefónicas o medios digitales. La propuesta busca reformar el Código Penal capitalino, aumentando la pena en una mitad o en una tercera parte cuando el delito se comete utilizando tecnología de la información.
Durante una conferencia en el Congreso local, Rojo de la Vega destacó que desde su llegada a la alcaldía, ha recibido múltiples denuncias de vecinos, comerciantes y trabajadores sobre los delitos que enfrentan, siendo la extorsión uno de los más preocupantes. Según datos del Instituto Belisario Domínguez, la capital ha registrado un alarmante número de 9,651 casos de llamadas fraudulentas en 2023, lo que la posiciona como la entidad con más casos en el país.
“Para nadie es un secreto que la extorsión está avanzando a un paso alarmante. Solo en 2023, tuvimos más de 5 millones de quejas por fraude cibernético, un aumento del 20.1% respecto a 2022 y del 71% respecto a 2018”, declaró la alcaldesa. Esta situación ha motivado la inclusión de esta iniciativa dentro del Plan Cuauhtémoc Libre de Extorsión, que contempla, entre otras cosas, la creación de una Unidad de Investigación de Fraudes y Extorsión en la Fiscalía General de Justicia capitalina.
Además, la propuesta incluye el establecimiento de módulos de capacitación llamados «Diana», donde se busca empoderar a los ciudadanos y ofrecerles oportunidades laborales a través de convenios con empresas locales. Según Rojo de la Vega, estas capacitaciones no solo ayudarán a generar empleo, sino que también servirán como una estrategia de prevención del delito de extorsión y contribuirán a la construcción de una cultura de paz en la demarcación.
La alcaldesa también anunció la implementación de una línea de denuncia anónima, permitiendo a los habitantes de Cuauhtémoc reportar delitos de alto impacto, no solo extorsiones. Además, se implementará el Distintivo Antiextorsión para aquellos funcionarios de la alcaldía que superen exámenes de confianza, asegurando así que no existan vínculos con actividades delictivas.
El coordinador parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso capitalino, Andrés Atayde Rubiolo, se mostró a favor de la iniciativa, considerándola un avance necesario en la lucha contra este tipo de delitos. Resaltó que, con el respaldo de recursos institucionales, la propuesta podría ofrecer mayor seguridad a los capitalinos en el combate a los delitos cibernéticos y la extorsión telefónica.
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