La presidenta Claudia Sheinbaum reafirmó este jueves su compromiso de proteger el maíz nacional mediante una reforma constitucional, en respuesta a la disputa que México enfrenta en el marco del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), tras la decisión de la administración de Andrés Manuel López Obrador de prohibir el uso de maíz transgénico en el país.
Durante su conferencia matutina, Sheinbaum aseguró que, aunque la resolución del panel de disputa del T-MEC podría no ser favorable para México, la conservación del maíz será un principio que se incorporará en la Constitución. La mandataria destacó que el maíz es un «producto de la domesticación de los pueblos originarios», y que el país tiene «la obligación» de preservar todas las razas y variedades del grano.
En cuanto a los aspectos comerciales, Sheinbaum explicó que se prevé que la resolución afecte principalmente al maíz amarillo, utilizado mayormente en la industria avícola y ganadera, así como para la producción de alimentos procesados. El maíz blanco, por otro lado, que se destina principalmente al consumo humano, se mantendrá libre de transgénicos, según las políticas de su administración.
La postura de la presidenta se produce luego de que el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, anticipara que México podría perder el litigio del T-MEC, iniciado por una queja de Estados Unidos sobre la prohibición del maíz modificado genéticamente. Sin embargo, Sheinbaum reiteró que la conservación del maíz como patrimonio cultural y agrícola de México prevalecerá, pese a las presiones comerciales.
El gobierno mexicano argumenta que el país es autosuficiente en la producción de maíz blanco, pero depende en gran medida de las importaciones de maíz amarillo, especialmente de Estados Unidos, para alimentar al ganado y en la producción de alimentos procesados. De acuerdo con la Cámara Nacional del Maíz Industrializado (Canami), México importa aproximadamente 18 millones de toneladas de maíz amarillo al año.
Sheinbaum subrayó que esta medida no solo responde a una cuestión de seguridad alimentaria, sino también de salud pública y biodiversidad. Al incluir la protección del maíz en la Constitución, busca garantizar que las futuras generaciones sigan contando con este recurso clave para la identidad cultural y la alimentación de los mexicanos.
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