Con 335 votos a favor, 108 en contra y 0 abstenciones, la Cámara de Diputados aprobó este martes la reforma al artículo 19 de la Constitución Mexicana, que modifica las reglas sobre la prisión preventiva oficiosa. La reforma, impulsada por el Grupo Parlamentario de Morena y sus aliados, excluye ciertos delitos del catálogo de prisión preventiva y busca responder a las demandas sociales en materia de justicia y seguridad.
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal Ávila, presentó la propuesta y subrayó la importancia de ajustar la figura de prisión preventiva para promover la reintegración social y evitar un enfoque punitivo excesivo. Entre los delitos excluidos se encuentran el narcomenudeo y la defraudación fiscal. Monreal argumentó que esta medida refleja un enfoque progresista, orientado hacia la paz y la reconstrucción del tejido social, especialmente entre los jóvenes.
Monreal también destacó la necesidad de fortalecer el control sobre los precursores químicos utilizados en la fabricación de drogas sintéticas, como el fentanilo. Según el legislador, esta reforma busca cerrar espacios a la impunidad y evitar la liberación injustificada de delincuentes. “Estas modificaciones responden a un clamor ciudadano”, dijo el coordinador de Morena durante su intervención.
En la discusión, diputados de Morena expresaron su apoyo a la reforma. La diputada Sandra Anaya afirmó que la ampliación del catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa, incluyendo el narcomenudeo y la extorsión, es crucial para garantizar la justicia y proteger tanto a las víctimas como a los testigos, evitando que los acusados puedan huir o ejercer represalias.
Por su parte, las diputadas Estela Carina Piceno y Julio César Moreno criticaron a la oposición por rechazar la reforma, señalando que su postura pone en riesgo la seguridad de sectores como el comercio, que a menudo enfrentan extorsiones. La diputada Juana Acosta, también de Morena, resaltó la urgencia de reformar las leyes para mejorar la seguridad pública, subrayando el impacto negativo de delitos como la extorsión en la población.
Finalmente, las diputadas Alma Rosa De La Vega y Dolores Padierna hicieron hincapié en la necesidad de fortalecer el sistema judicial, especialmente en lo que respecta a las detenciones sin sentencia. Ambas coincidieron en que, para alcanzar los objetivos de justicia en el país, es necesario aumentar la inversión en el sistema penal.
La reforma, que será revisada en las siguientes etapas legislativas, refleja un intento por balancear las demandas de seguridad con el respeto a los derechos humanos, y se espera que genere un debate más amplio en el Senado.
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