Este miércoles, el Senado de la República discutirá una reforma constitucional al artículo 21 que pretende ampliar las facultades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), con el objetivo de reforzar la investigación de delitos y garantizar la transparencia en el uso de recursos destinados a la seguridad pública. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, cuenta con el respaldo de todos los grupos parlamentarios en el Senado, quienes la consideran un cambio importante en la estrategia de seguridad del país.
La propuesta, que ha sido analizada en Comisiones de la Cámara Alta, busca devolverle a la SSPC un papel más relevante en la seguridad pública, en contraste con la coordinación militar predominante en el sexenio anterior. Para los legisladores de la oposición, esta reforma permitirá restaurar el carácter civil de la seguridad, un aspecto que consideran esencial para abordar de forma integral el combate a la delincuencia organizada.
Entre los cambios propuestos, la SSPC tendría nuevas facultades para colaborar directamente con la Fiscalía General de la República (FGR) en investigaciones criminales. Esta colaboración apunta a fortalecer la estrategia de combate al crimen organizado y a mejorar la eficiencia en la investigación de delitos, asegurando una mayor coordinación entre las instituciones civiles del Estado.
Aunque la iniciativa cuenta con el respaldo de diversas bancadas, algunos legisladores han advertido sobre los retos que enfrentará su implementación. Para ellos, el éxito de esta reforma no solo dependerá de la ampliación de facultades, sino de la capacidad de la SSPC para ofrecer resultados tangibles en un país que sigue enfrentando altos niveles de violencia y crimen organizado.
La votación en el Pleno del Senado marcará un momento clave para la reforma. De ser aprobada, implicará un replanteamiento de la estrategia de seguridad que priorice la transparencia en el manejo de recursos y promueva un enfoque civil en la lucha contra la delincuencia. Esto último es, según los senadores, una demanda ciudadana que se ha intensificado en los últimos años.
Además de sus objetivos de transparencia y eficiencia, la reforma busca que los recursos destinados a la seguridad pública sean empleados de manera más estricta, permitiendo auditorías y un mayor control sobre el presupuesto asignado a la SSPC. Esto busca garantizar que el dinero público cumpla con su propósito de fortalecer la seguridad y mejorar la percepción ciudadana sobre la efectividad de las políticas en esta área.
El debate en el Senado, previsto para esta tarde, podría definir un nuevo rumbo en la estrategia de seguridad del país. De aprobarse la reforma, se espera que la SSPC pueda consolidar un esquema más sólido de seguridad pública, orientado a fortalecer la confianza ciudadana en las instituciones y ofrecer una respuesta efectiva a la crisis de seguridad que vive México.
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