Margaret Satterthwaite, relatora especial de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, señaló que el despido masivo de jueces y magistrados en México, sin el derecho a audiencia, constituye una violación del debido proceso y representa un riesgo significativo para la independencia judicial en el país. La experta expuso que la destitución de juzgadores sin permitirles defender sus cargos amenaza los derechos fundamentales y la estructura democrática del sistema de justicia mexicano.
Durante la conferencia matutina de jueces y magistrados, Satterthwaite expresó su preocupación sobre la falta de respeto al término judicial de los jueces, pues según estándares internacionales, estos solo pueden ser removidos antes de finalizar su periodo en casos específicos de incapacidad o por conductas inapropiadas. “Cuando los juzgadores son removidos sin el debido proceso, es un enorme riesgo para la independencia judicial”, alertó la relatora.
Satterthwaite calificó la situación en México como “sui generis” a nivel mundial, al señalar que no existen precedentes de una remoción masiva y simultánea de jueces y magistrados en otras democracias. Subrayó que esta práctica podría provocar “un grave daño al sistema judicial en sí mismo”, afectando la imparcialidad y estabilidad del sistema de justicia, y generando desconfianza en el Estado de derecho.
Además de la destitución sin debido proceso, Satterthwaite señaló otros dos factores que atentan contra la independencia judicial: la elección de jueces y magistrados mediante voto popular y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial. Aunque elegir a los jueces a través del voto pueda parecer una medida democrática, la relatora argumentó que en realidad hace que los juzgadores sean menos responsables ante la ley y la Constitución. “La responsabilidad de los jueces es ante la ley, no ante intereses populares o políticos”, puntualizó.
La relatora también advirtió que la elección de jueces mediante voto popular podría politizar el sistema judicial, ya que los magistrados estarían más expuestos a las influencias de actores económicos y políticos. Este escenario, enfatizó, es especialmente peligroso para la justicia imparcial, pues podría traducirse en un sistema donde los juzgadores responden a intereses específicos en lugar de garantizar un acceso equitativo a la justicia.
Satterthwaite también criticó la intención de establecer un Tribunal de Disciplina Judicial, sugiriendo que dicho organismo podría ser utilizado como una herramienta de presión política para sancionar a aquellos jueces cuyas decisiones no resulten favorables al gobierno. “Este tribunal, si se influye políticamente, podría convertirse en un arma para deshacerse de los juzgadores que no gusten al gobierno”, advirtió.
Finalmente, la relatora especial hizo un llamado a preservar la independencia e imparcialidad del Poder Judicial en México como una forma de garantizar los derechos al acceso a la justicia y a un juicio justo. Subrayó la necesidad de contar con un sistema judicial fuerte, donde los jueces puedan actuar sin temor a represalias políticas y en defensa de la Constitución y el Estado de derecho.
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