La Bancada Naranja, liderada por la coordinadora Ivonne Ortega, instó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) a pronunciarse sobre la «mal llamada Reforma Judicial», apelando por su revisión ante organismos internacionales como la Comisión Europea, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Amnistía Internacional. Según Ortega, este llamado busca garantizar certeza jurídica y evitar afectaciones para miles de familias de trabajadores en México.
Ortega, acompañada por los vicecoordinadores Raúl Lozano y Tecutli Gómez, presentó una solicitud ante la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados para que la presidencia de la Cámara informe sobre el estatus jurídico de los recursos contra la Reforma Judicial. Ortega subrayó que esta solicitud es necesaria antes de discutir la conformación del Comité de Evaluación, el cual será designado por el Poder Legislativo.
Desde septiembre, Movimiento Ciudadano ha promovido diversos recursos jurídicos en oposición a la reforma. Según Ortega, estos recursos incluyen amparos indirectos presentados los días 9, 11, 13 y 18 de septiembre, además de una suspensión definitiva otorgada el 25 de septiembre a la diputada Laura Ballesteros. Asimismo, el 14 de octubre, el partido promovió una acción de inconstitucionalidad como parte de sus esfuerzos legales.
El 17 de octubre, el ministro Juan Luis González Alcántara admitió a trámite varios amparos impulsados por Movimiento Ciudadano, un avance que Ortega considera fundamental en la lucha contra lo que su bancada califica como un retroceso legislativo. “La mayoría de Morena en el Senado es ilegal y artificial, pues compraron al PRIAN una mayoría que el pueblo no les votó”, afirmó Ortega.
La Bancada Naranja insiste en que la reforma no representa la voluntad del electorado y sostiene que su análisis y revisión son necesarios para garantizar que no afecte los derechos de los ciudadanos. La solicitud también enfatiza la importancia de una respuesta de la SCJN ante la apelación de diversos actores políticos y sociales.
Al finalizar su intervención, Ortega reafirmó el compromiso de su bancada con el estado de derecho y la protección de los derechos laborales y civiles, solicitando a la Suprema Corte que brinde una resolución que garantice la justicia y evite «el atraco a la ley» que, según su postura, representa la actual reforma.
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