Entre gritos, jaloneos y empujones, durante los primeros minutos de este viernes, el Senado de la República aprobó la reforma denominada «supremacía constitucional», que modifica los artículos 105 y 107 de la Constitución. La minuta fue avalada con 85 votos a favor y 41 en contra, alcanzando la mayoría calificada requerida para avanzar. Ahora, el proyecto pasa a la Cámara de Diputados para su análisis y votación.
La reforma ha sido impulsada principalmente por la mayoría oficialista y tiene como objetivo fortalecer la autonomía del Poder Legislativo frente al Poder Judicial, limitando la posibilidad de que se presenten controversias constitucionales o juicios de amparo contra reformas aprobadas por el Congreso.
Según sus proponentes, la medida busca evitar que el Poder Judicial bloquee cambios impulsados por el Legislativo, especialmente aquellos relacionados con reformas constitucionales recientes.
Durante la presentación del dictamen, el senador Óscar Cantón Zetina, en representación de la Comisión de Puntos Constitucionales, explicó que la reforma pretende “precisar que no procederán las acciones de inconstitucionalidad ni las controversias constitucionales contra reformas aprobadas por el Congreso” y también “evitar que el juicio de amparo sea utilizado para impugnar estas modificaciones”.
La medida ha generado una polémica considerable desde su origen, pues se percibe como una respuesta a las suspensiones emitidas por jueces federales contra algunas reformas promovidas por la mayoría oficialista, entre ellas, la elección de jueces y la propuesta de eliminar ciertos órganos autónomos. Legisladores de oposición y diversas organizaciones han manifestado su preocupación, argumentando que la reforma podría debilitar el equilibrio de poderes y afectar la independencia judicial.
Con el avance de la reforma de «supremacía constitucional», también se busca asegurar la continuidad de recientes cambios aprobados en el Congreso, que han enfrentado críticas y recursos judiciales, entre los que destaca la propuesta de elegir jueces mediante mecanismos que la mayoría legislativa considera más democráticos, pero que han suscitado objeciones legales.
Entre los 85 votos a favor de la reforma se encuentran senadores de los partidos oficialistas y aliados, quienes argumentan que la medida es necesaria para “blindar” las reformas constitucionales y reducir lo que consideran “intervenciones excesivas” del Poder Judicial.
En contraste, los 41 votos en contra provinieron en su mayoría de legisladores de oposición, quienes sostienen que la reforma vulnera los derechos de la ciudadanía al limitar el acceso a recursos legales para cuestionar modificaciones constitucionales.
La minuta ahora se encuentra en manos de la Cámara de Diputados, donde deberá someterse a votación para determinar si finalmente se convierte en ley. La reforma de «supremacía constitucional» promete continuar generando debate sobre los alcances y limitaciones del Poder Judicial frente al Poder Legislativo en México.
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