El Partido Acción Nacional (PAN) solicitó la emisión de una orden de aprehensión contra Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa, y Sara Bruna, ex fiscal estatal, por su presunta obstrucción en el caso del secuestro de ‘El Mayo’ Zambada. La solicitud surge tras el hallazgo de sangre de Héctor Melesio Cuén Ojeda en la finca donde se llevó a cabo el secuestro, lo que, según el PAN, demuestra que ambos funcionarios mintieron sobre el manejo del caso.
Durante una conferencia de prensa, el diputado federal del PAN, Federico Döring Casar, afirmó que la versión anterior que señalaba una supuesta gasolinería en relación con el caso ha quedado desestimada. “Se tendrá que ejercer acción penal; Rocha y Bruna obstruyeron, trataron de bloquear la verdad y el acceso a la justicia”, declaró Döring. Además, comentó sobre la negativa de la Fiscalía General de la República (FGR) de proporcionarle avances sobre la denuncia que presentó contra el gobernador.
Ernesto Sánchez Rodríguez, otro diputado federal del PAN, respaldó la exigencia y destacó que la FGR se encuentra «acorralada política y jurídicamente» para actuar contra Rocha y Bruna. «Es lo mínimo que debe hacer la Fiscalía por respeto a los familiares de Melesio Cuén y todas las víctimas de la violencia en Culiacán», agregó.
Héctor Saúl Téllez Hernández, también del PAN, expresó que la bancada sigue esperando que Sergio Gutiérrez Luna, presidente de la Cámara de Diputados, actúe como representante legal y presione a la FGR para acceder a la carpeta de investigación. “Es nuestro derecho como ciudadanos y diputados federales, vamos a retomar el tema ante la FGR”, afirmó Téllez.
Los legisladores del PAN reiteraron su intención de exigir desde el Pleno del Congreso federal que se tome acción en contra del gobernador de Morena en Sinaloa. Döring concluyó: “Ya basta señora presidenta de encubrir a criminales con mano de autoridad en los gobiernos de los estados; presione con el fiscal federal para encarcelar a Rocha”.
La situación se desarrolla en un contexto de creciente presión sobre la FGR para que actúe en casos de corrupción y violencia, especialmente en Sinaloa, un estado marcado por la actividad del crimen organizado. La resolución de esta solicitud de aprehensión podría tener implicaciones significativas en la política estatal y federal.
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