La diputada federal Ana Isabel González González, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), ha solicitado al gobierno estatal de Nuevo León una revisión y fortalecimiento de su estrategia de seguridad ante el alarmante aumento de la violencia en la entidad. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en lo que va del año se han registrado mil 467 homicidios, lo que refleja la ineficacia de las medidas actuales.
González González presentó un Punto de Acuerdo en el que denuncia el incremento de ejecuciones en calles, domicilios y plazas públicas, algunas de ellas con cuerpos mutilados, lo que ha generado preocupación entre la población. “Es lamentable lo que sucede todos los días en Nuevo León, donde impera la violencia. No podemos permitir el aumento desmedido de inseguridad; es claro que las estrategias actuales por parte del gobierno estatal han sido ineficientes e ineficaces”, declaró la legisladora.
Asimismo, destacó que de enero a agosto de 2024, se han reportado 5 mil 167 casos de personas que sufrieron lesiones con armas de fuego y blancas. En términos de feminicidios, Nuevo León ocupa el primer lugar a nivel nacional, con un total de 47 muertes violentas de mujeres en el mismo periodo.
La congresista también subrayó que los delitos contra el patrimonio han alcanzado la cifra de 16 mil 772 casos hasta la fecha, lo que agrava la situación de inseguridad en la región. Ante esta crisis, González González instó a la ciudadanía a estar atenta y a reportar cualquier actividad sospechosa a las autoridades, enfatizando que la colaboración entre el gobierno y la población es esencial para mejorar la seguridad.
“Con unidad, juntos podemos lograr un México más próspero y seguro”, afirmó la diputada, haciendo un llamado a la responsabilidad compartida en el combate a la criminalidad.
La creciente violencia en Nuevo León ha llevado a la necesidad urgente de reevaluar las estrategias de seguridad implementadas por el gobierno estatal. Las autoridades enfrentarán un reto significativo para abordar estos problemas y restaurar la confianza de la población en su capacidad para garantizar la seguridad pública.
El clamor por un cambio en las políticas de seguridad se intensificará a medida que continúe la violencia en la región, lo que pone presión sobre el gobierno estatal para actuar de manera efectiva y brindar resultados concretos a la ciudadanía.
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