En la Ciudad de México, las mujeres enfrentan serias dificultades para acceder a una vivienda en renta o en compra debido a prácticas discriminatorias por parte de caseros e inmobiliarias. Expertos en el tema urgen a la implementación de cambios en las leyes y programas sociales para garantizar el derecho a la vivienda a este sector de la población. Carla Escoffié, abogada especializada en vivienda, señala que las mujeres a menudo se ven obligadas a presentar un aval masculino o incluso a demostrar su estado civil mediante un acta de matrimonio para poder alquilar o comprar un inmueble.
“Es bastante frecuente y no se trata de un caso aislado que a las mujeres se les pida demostrar que están casadas, un acta de matrimonio o que tengan a un hombre respaldando el arrendamiento. Esto es muy común, pero se habla poco”, denuncia Escoffié. Resalta que, según el artículo cuarto de la Constitución y el artículo 123, los derechos a la vivienda han sido históricamente garantizados a través de figuras masculinas, dejando a las mujeres en una situación de desventaja que persiste 50 años después.
La especialista apunta que las autoridades de la Ciudad de México carecen de estudios, cifras o políticas públicas que aborden la discriminación que sufren las mujeres al buscar vivienda. “Hay una constante discriminación, y la información sobre el arrendamiento por parte de mujeres es muy escasa”, señala, subrayando que su experiencia en el campo le ha permitido atender numerosos casos de discriminación por género en materia de vivienda.
Un claro ejemplo de esta situación lo representan Dulce y Jessica, dos amigas que, ante las dificultades económicas, decidieron compartir un departamento. A pesar de tener trabajos estables, se han visto forzadas a buscar un aval masculino de sus familias para poder rentar un lugar. “Hace seis años, tuvimos que conseguir como aval a un hombre, porque era la única persona en nuestras familias con propiedad. Dos años después, el nuevo casero nos pidió nuevamente un aval masculino, pensando que somos muy jóvenes para comprometernos con el pago de una vivienda”, comenta Jessica, quien tiene 31 años y es soltera.
De acuerdo con Escoffié, el número de mujeres propietarias de viviendas es significativamente menor en comparación con el de los hombres. La realidad es que muchas mujeres solo aparecen como copropietarias, lo que limita aún más su acceso a derechos básicos relacionados con la vivienda. “Esto afecta no solo a las mujeres, sino también a otros grupos como la población LGBT, personas con discapacidad y grupos racializados”, advierte.
A pesar de los avances en la inclusión de mujeres en el sector inmobiliario, la discriminación persiste. Escoffié llama a la acción y a la creación de una ley inquilinaria que proteja a las mujeres y a otros grupos vulnerables, para que su derecho a un hogar no dependa de un respaldo masculino. La situación exige atención urgente, dado que la vivienda es un derecho fundamental y debe ser accesible para todos, sin distinción de género.
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