Esta noche el Senado de México aprobó en lo general la minuta de reforma constitucional que modifica los artículos 25, 27 y 28 de la Constitución Política, con 86 votos a favor, 39 en contra y 1 abstención. Esta reforma tiene como objetivo fortalecer el control del Estado sobre sectores estratégicos, especialmente en las áreas de energía y telecomunicaciones, y busca revertir aspectos fundamentales de la reforma energética de 2013. La discusión en lo particular continúa en el Senado.
La reforma incluye cambios significativos. En el artículo 25, se establece que las empresas productivas del Estado, como la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y Petróleos Mexicanos (Pemex), perderán su independencia operativa, volviendo a ser consideradas empresas públicas. En el artículo 27, se prohíbe otorgar concesiones para la explotación de litio, un recurso calificado como estratégico, y se estipula que en el sector eléctrico, los particulares no tendrán prevalencia sobre las empresas públicas. El artículo 28 aclara que las funciones del Estado en áreas estratégicas, como la explotación de litio y el servicio de internet, no constituirán monopolios y también se añade el transporte ferroviario como un área prioritaria para el desarrollo nacional.
La reforma cuenta con un régimen transitorio que otorga un plazo de 180 días para adecuar las leyes secundarias pertinentes. Esta iniciativa ha generado un intenso debate político. Los partidarios argumentan que es un paso necesario para garantizar la soberanía energética del país y proteger los recursos naturales. El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Óscar Cantón Zetina, señaló que la reforma responde a un «clamor nacional» por recuperar el control sobre los recursos energéticos.
No obstante, los críticos de la reforma advierten que estas modificaciones podrían afectar negativamente la inversión extranjera y las relaciones comerciales bajo el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). La oposición ha expresado que la falta de claridad en la implementación de los cambios podría llevar a conflictos con acuerdos internacionales existentes. Expertos también han manifestado preocupaciones sobre el debilitamiento de los órganos autónomos que regulan el sector energético, lo que podría resultar en mayor ineficiencia y corrupción.
La iniciativa se encuentra actualmente en el Senado, donde se discutirá y podría ser aprobada con o sin modificaciones. Si el Senado da su visto bueno, la reforma será enviada a las legislaturas locales para su discusión final. Para que entre en vigor, se requerirá la aprobación de al menos 17 legislaturas estatales.
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