El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) enfrenta serias acusaciones por la negativa reiterada de otorgar pensiones a extrabajadores, a pesar de resoluciones judiciales en su contra.
Uno de los casos más notorios es el de Gustavo Kubli Ramírez, extrabajador del Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, quien desde octubre de 2018 solicitó su pensión sin éxito. A pesar de que el Tribunal Federal de Justicia Administrativa ordenó al ISSSTE cumplir con el pago, el instituto ignoró la resolución. Más tarde, el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa reiteró la obligación de hacer el pago, pero la institución volvió a desobedecer, incluso frente a advertencias de sanciones.
Otro caso emblemático es el de Leonor, extrabajadora de la UNAM, a quien se le negó su derecho a la pensión tras 17 años de servicio. Con ayuda del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP), la trabajadora consiguió una resolución favorable en enero de 2020, cuando la Sexta Sala Regional Metropolitana ordenó al ISSSTE concederle la pensión por edad y tiempo de servicios. Sin embargo, el instituto se resistió nuevamente al fallo judicial, lo que obligó a la Defensoría Pública a presentar una queja en 2021 y derivó en una multa contra el jefe del Departamento de Pensiones del ISSSTE.
Este tipo de incumplimientos ha provocado la intervención de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), que emitió la recomendación 229/2022. En esta resolución, la CNDH exigió al ISSSTE restituir una pensión por viudez a una mujer a quien se le interrumpió el pago tras la muerte de su esposo.
Los casos de Gustavo y Leonor ponen en evidencia las prácticas del ISSSTE, que no solo desobedece sentencias judiciales sino que también expone a los pensionados a largos procesos legales para acceder a derechos fundamentales.
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