La Cámara de Diputados discutió este miércoles el dictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales que reforma el artículo 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El proyecto establece un límite a las jubilaciones y pensiones de las entidades públicas, con el objetivo de dar viabilidad financiera al sistema de seguridad social y corregir disparidades en las percepciones de los exservidores públicos.
Durante la sesión ordinaria, el Grupo Parlamentario del PRI manifestó su respaldo al dictamen en lo general para «poner orden y dar viabilidad al sistema», aunque expresó reservas críticas sobre la implementación de la medida. El diputado Luis Gerardo Sánchez Sánchez advirtió en tribuna que la reforma no debe vulnerar derechos adquiridos ni aplicarse de forma retroactiva, señalando que cambiar las reglas a quienes ya cumplieron con los requisitos de jubilación contraviene principios de derechos humanos.
Debate sobre retroactividad y derechos
La discusión se centró en la posible afectación a la certeza jurídica de los trabajadores. «Cambiar las reglas después de que la gente ya cumplió con ellas es una violación directa a los derechos adquiridos y a los principios de progresividad y no regresividad«, afirmó el legislador Sánchez Sánchez. La oposición subrayó que, si bien es necesario eliminar excesos, el proceso careció de un diálogo abierto con los sectores afectados.
Contexto económico y administrativo
En el debate se contrastó la política de ahorro en pensiones con otros indicadores económicos actuales. Se mencionaron factores como el precio de la gasolina, que oscila entre los 24.59 y 30 pesos por litro, y el encarecimiento de la canasta básica. El legislador priista cuestionó que el ahorro se enfoque en los pensionados y no en las «obras faraónicas» o en perfiles específicos que, según denunció, mantienen beneficios por su cercanía con el bloque oficialista.
Pese a los señalamientos de falta de apertura operativa, la bancada del PRI acompañó la votación bajo el argumento de que es imperativo ordenar el gasto público. Sin embargo, enfatizaron que «corregir excesos no es lo mismo que afectar derechos», instando a que la aplicación de la nueva normativa respete el Estado de Derecho y no siente un precedente para futuras reformas retroactivas en perjuicio de la población.
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