Durante la sesión en la que se discutió el dictamen sobre el proyecto de reforma al Artículo 123 de la Constitución, la coordinadora del grupo parlamentario del PAN, Noemí Berenice Luna Ayala, y el diputado Federico Döring Casar ofrecieron una visión crítica sobre la viabilidad y los desafíos del proceso legislativo.
La reforma propuesta incluye modificar el primer párrafo de la fracción VI del apartado A y añadir un tercer párrafo a la fracción IV del apartado B del Artículo 123, en materia de salarios. Al respecto, Noemí Luna expresó incertidumbre sobre el impacto financiero de la reforma, afirmando que el Partido Acción Nacional (PAN) esperará al Paquete Económico 2025 para evaluar la distribución presupuestaria. Señaló que, durante el actual gobierno, las prioridades del Presidente han desatendido las necesidades locales y ha afectado a los organismos autónomos.
En cuanto a la reforma al Poder Judicial, Luna destacó que el PAN ha impugnado el proceso legislativo a través de un amparo debido a irregularidades. Afirmó que el gobierno debe garantizar un presupuesto adecuado para el Instituto Nacional Electoral (INE) y defender los derechos de las mujeres con políticas públicas adecuadas. Subrayó la importancia de que el presupuesto apoye efectivamente a los ciudadanos y no se convierta en una carga adicional.
Federico Döring, por su parte, criticó la falta de preparación en el dictamen de la reforma, mencionando que las declaraciones de la Consejera Presidenta del INE reflejan una falta de certeza y planificación. Döring acusó a las autoridades de preparar una reforma “mal hecha” y sin los recursos necesarios para garantizar su éxito. Además, cuestionó la capacidad del Legislativo para aprobar una ley secundaria adecuada antes de la fecha límite.
Sobre la posibilidad de que la reforma no se lleve a cabo debido a la falta de recursos, Döring advirtió que cualquier complicación en la aplicación del decreto recaerá sobre quienes lo apoyaron. Expresó escepticismo sobre el éxito del proceso electoral dado el déficit de legislación secundaria y la falta de claridad en los criterios de selección.
Luna también abordó la falta de consulta a comunidades indígenas sobre la reforma, señalando que muchos municipios han presentado controversias constitucionales. Aseguró que el proceso legislativo ha sido deficiente y perjudicial para el Poder Judicial y la población en general.
Finalmente, tanto Luna como Döring coincidieron en la necesidad de que se reconozcan los errores y se realice un proceso legislativo más adecuado. Según Döring, la reforma podría resultar en un desperdicio de recursos si no se abordan las deficiencias señaladas.
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