El Senado de la República discutirá en las próximas horas la reforma constitucional que propone trasladar el control y administración de la Guardia Nacional (GN) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta iniciativa, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y ya aprobada en la Cámara de Diputados, modificaría la estructura actual de la GN, la cual está bajo la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).
El objetivo de la reforma es asignar de manera permanente las funciones de seguridad pública a las Fuerzas Armadas, otorgándoles la capacidad de enfrentar a grupos criminales, extorsionadores y otros delincuentes. Esta medida ha generado controversia por el impacto que tendría en el sistema de seguridad nacional y la creciente militarización de la seguridad pública en México.
De acuerdo con la propuesta, aunque la Guardia Nacional estará bajo el mando de la Sedena, las estrategias de seguridad que deberá seguir serán formuladas por la SSPC, enmarcadas en la Estrategia Nacional de Seguridad Pública. Sin embargo, la reforma también otorga un papel central a las Fuerzas Armadas, estableciendo que la GN será una fuerza de seguridad pública permanente, con personal militar y formación policial, que operará bajo la jurisdicción de la Sedena.
Uno de los puntos clave de la reforma es la inclusión de disposiciones que otorgan fuero militar a los integrantes de la GN, además de facultades de investigación similares a las que tienen la policía y el Ministerio Público. Esto fortalecería su papel en la investigación de delitos, expandiendo sus responsabilidades más allá de las tareas operativas.
Asimismo, la reforma confiere al Congreso de la Unión la facultad de legislar sobre la participación del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea en temas de seguridad interior y en apoyo a la seguridad pública. También establece que el Senado de la República será responsable de ratificar los nombramientos del titular de la Comandancia de la GN, que será designado por el Presidente de la República a propuesta del titular de Sedena.
Por otro lado, se prevé que el personal de la extinta Policía Federal, que actualmente integra la Guardia Nacional, pase a formar parte de la SSPC. El Congreso de la Unión contará con un plazo de 180 días para armonizar las leyes correspondientes con las disposiciones de la reforma.
Para que la iniciativa entre en vigor, el Pleno del Senado debe aprobarla con una mayoría calificada, lo que significa que al menos dos terceras partes de los senadores presentes en la sesión deberán votar a favor. De aprobarse, la reforma marcaría un cambio significativo en la política de seguridad del país, consolidando el papel de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública a largo plazo.
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